SOFIA ZANOTTI
El juez federal Julián Ercolini ha convocado al expresidente Alberto Fernández a rendir cuentas sobre la polémica detrás del Decreto 823/2021, que centralizó la contratación de seguros estatales en Nación Seguros. Este decreto, que permitía la inclusión arbitraria de coaseguradoras privadas, ha sido señalado como el mecanismo que facilitó un esquema de corrupción donde un grupo selecto de empresarios, muchos de ellos cercanos a Fernández, se beneficiaron de millonarias comisiones.
El Decreto 823/2021, promulgado en el marco de una reestructuración del sector asegurador, otorgó a Nación Seguros la exclusividad para gestionar pólizas en el ámbito público. Sin embargo, la norma también le permitió designar coaseguradoras sin la debida transparencia, lo que llevó a un desvío de más de 3.400 millones de pesos entre 2019 y 2023, según los informes del juez. Las empresas San Ignacio Sociedad de Productores de Asesores de Seguros, TG Broker SA y San Germán Seguros SA se destacaron en este entramado, acumulando más del 87% de las comisiones distribuidas.
La investigación reveló que el dinero desviado no solo se manejó en seguros, sino que fluyó a través de cooperativas como "7 de Mayo Cooperativa de Trabajo LTDA", donde se encontraron discrepancias significativas entre las declaraciones de actividad y los montos manejados. Esta cooperativa, vinculada al sector gastronómico, fue utilizada para justificar operaciones de catering que jamás se llevaron a cabo, generando un mecanismo de desvío de fondos hacia cuentas de intermediarios.
Además, se evidencia que Fernández mantuvo vínculos estrechos con los beneficiarios del decreto, incluyendo a Héctor Martínez Sosa, un amigo personal que, según el juez, recibió beneficios directos por parte del exmandatario. La situación plantea serias preguntas sobre la ética y la legalidad de las decisiones tomadas en su administración, resaltando la importancia de la transparencia en el manejo de recursos públicos.
La comparecencia de Fernández ante la justicia el próximo 20 de noviembre se convierte en un evento crucial, no solo para el esclarecimiento de los hechos, sino para el futuro político de Argentina. A medida que se despliegan los detalles de esta investigación, queda en evidencia cómo un decreto presidencial puede convertirse en la puerta de entrada a un sistema de corrupción que afecta gravemente la confianza pública.
