SOFIA ZANOTTI
En un movimiento significativo para mejorar la seguridad en el transporte aéreo, el Gobierno nacional ha introducido reformas al Código Aeronáutico (Ley N° 17.285). Publicado en el Boletín Oficial bajo el DNU N° 941/2024, este cambio busca fortalecer la seguridad operacional en el sector, complementando las disposiciones de libre acceso a los mercados y cielos abiertos implementadas en el DNU N° 70 de diciembre de 2023.
El proceso de modificación fue promovido por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Según fuentes de Transporte, estas reformas permiten a Argentina cumplir con el 100% de las observaciones legales realizadas por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) en abril de este año. Este logro pone fin a décadas de deficiencias en la gestión de la autoridad aeronáutica del país.
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Entre las principales modificaciones se incluye la aclaración de las atribuciones de la autoridad aeronáutica, de acuerdo con el derecho anglosajón, lo que otorga a la ANAC la facultad de regular los Anexos Técnicos de los convenios internacionales. Asimismo, se establece la posibilidad de que la ANAC delegue funciones a terceros para llevar a cabo evaluaciones y certificaciones, garantizando que dichos agentes cumplan con requisitos específicos.
Otro punto clave de la reforma es la autorización a la ANAC para detener preventivamente vuelos de aeronaves por razones de seguridad. También se refuerza la autoridad de los inspectores aeronáuticos, quienes ahora tienen la capacidad de suspender actividades de personal que no cumplen con los procedimientos establecidos, reteniendo licencias hasta que se implementen las correcciones necesarias.
Las reformas distinguen claramente entre las dos ramas de la aviación civil: la comercial y la no comercial, permitiendo una regulación más efectiva de cada sector.
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El Gobierno ha afirmado que, aunque se han logrado importantes avances con esta nueva reforma, seguirán trabajando para regularizar otras áreas operativas que aún no cumplen con los estándares internacionales, una situación que ha sido heredada de administraciones anteriores.
