La Justicia Federal ordena el desalojo inminente de mapuches en el Parque Nacional Los Alerces

Tras años de litigios, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ratifica el desalojo de la lof Paillako, que ocupa ilegalmente un predio desde 2020. En los próximos días se realizará una constatación para determinar la cantidad de intrusos antes de la ejecución del desalojo.

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La Justicia Federal ultima detalles para desalojar el lof Paillako, que fue usurpado por los mapuches en 2020.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ha confirmado la orden de desalojo de la lof Paillako, un grupo mapuche que ha ocupado ilegalmente un predio dentro del Parque Nacional Los Alerces desde 2020. La decisión se produce tras el agotamiento de todas las instancias judiciales presentadas por la comunidad para permanecer en la tierra, que alegan ser parte de su recuperación ancestral.

El juez Guido Otranto, responsable de la causa, ha ordenado una constatación en el territorio para verificar la cantidad de intrusos y las condiciones del asentamiento. La Administración de Parques Nacionales llevará a cabo un informe en el que se detallará no solo la población presente, sino también las estructuras construidas y la composición familiar de los ocupantes. Esta evaluación estará respaldada por la asistencia de las fuerzas federales para garantizar un acceso seguro al área.

Una vez completada la constatación, se prevé que el juez Otranto emita la orden de desalojo en un plazo no mayor a 15 días. Esta decisión es considerada inminente y responde a una larga disputa que ha estado marcada por tensiones y alegaciones de violencia en el ingreso del grupo mapuche al terreno en cuestión.

El caso se ha extendido en parte debido a la resolución de la Cámara Federal, que desestimó un recurso presentado por los mapuches, reafirmando la legalidad de la reclamación del Estado para la recuperación del predio. En sus consideraciones, el tribunal destacó que los ocupantes no estaban ejerciendo una posesión comunitaria tradicional sobre las tierras.

Este desalojo es parte de un contexto más amplio en el que el Gobierno ha expresado su preocupación por la gestión de las tierras fiscales y la posibilidad de nuevos incendios forestales, ya que algunos miembros del lof han sido señalados en la relación con incendios que han afectado gravemente la región. La resolución judicial incluye la exigencia de que los ocupantes desmantelen las construcciones ilegales y retiren sus pertenencias.

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