Ocho miembros del Servicio Penitenciario de Santa Fe fueron acusados por malos tratos a internos en la cárcel de Piñero, tras una serie de requisas realizadas luego de un ataque a un colectivo de empleados.
Policiales Ayer
SOFIA ZANOTTI
Este lunes, ocho agentes del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe fueron imputados por apremios ilegales a internos de la cárcel de Piñero. La fiscal Karina Bartocci, de la Unidad de Violencia Institucional, llevó adelante la acusación en una audiencia privada, sin que se revelaran los nombres ni los cargos de los agentes involucrados. La imputación se realizó en libertad y no fue ante un juez, dada la naturaleza sensible de los hechos.
Los eventos que derivaron en la investigación ocurrieron en marzo, cuando una serie de solicitudes fueron llevadas a cabo en distintos pabellones de la cárcel tras un ataque armado contra un colectivo del Servicio Penitenciario. Ese colectivo, que transportaba a unos cien agentes, fue emboscado por un automóvil gris en la zona de Circunvalación, a la altura del barrio Rucci. Los atacantes abrieron fuego, impactando al menos nueve balas en el transporte, y causando heridas a tres agentes, uno de los cuales sufrió un roce de bala en la nuca. Posteriormente, apareció un cartel con un mensaje de presos de alto perfil pidiendo "los mismos privilegios que los presos comunes".
En respuesta al ataque, se llevaron a cabo requisas en varias cárceles de la provincia, incluida la de Piñero. Estas requisas generaron denuncias de malos tratos y torturas por parte de los agentes hacia los internos, especialmente en los pabellones 7 y 8, donde se encontraron reclusos de alto perfil. Según la denuncia presentada por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp), durante las requisas se utilizaron métodos como el uso de picana eléctrica y el "submarino seco" (técnica de ahogamiento), prácticas que habrían sido utilizadas para "extraer información". "Sobre el ataque al colectivo.
Además, varios internos declararon haber sido amenazados con abusos sexuales, golpeados y rociados con gas pimienta. Ante estas denuncias, un médico forense examinó a los reclusos el 11 de marzo para constatar las secuelas de los abusos. Las autoridades judiciales, aunque rechazaron los primeros planteos por torturas, mantuvieron la facultad de investigar las denuncias, lo cual resultó en la imputación de los agentes este lunes.
Desde el Ministerio Público de la Acusación, se ha manejado el caso con suma cautela debido a preocupaciones de seguridad, y hasta ahora no se han revelado mayores detalles sobre las prácticas concretas de los agentes imputados ni contra quiénes se habrían dirigido estas acciones.
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