Lo hizo el legislador porteño Gabriel Solano. Rechazó la "coartada" de la ministra.
Política 06 de junio de 2024
LORENA ACOSTA
El legislador porteño por el Frente de Izquierda Gabriel Solano se sumó a la ola de denuncias contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por los presuntos sobresueldos a través de contrataciones tercerizadas mediante un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericana (OEI).
Solano, cuya presentación recayó en el juzgado de Ariel Lijo, apuntó directamente a Pettovello: “su coartada se centra en responsabilizar a la supuesta ‘banda de San Miguel’, que comandaría Pablo De la Torre y sus familiares”.
“La coartada de Sandra Pettovello resulta por demás absurda e improcedente, toda vez que ha sido la Ministra de Capital Humano la que establecía en forma personal los contactos y negociaciones con la OEI, suscribiendo personalmente los convenios alcanzados”, afirmó Solano.
“Pettovello tenía bajo su absoluta autoridad a sus funcionarios, tanto Pablo De la Torre como Federico Fernández, a los cuales ella misma había designado e instruía cotidianamente”, añadió.
En sintonía con otras denuncias que ya se sustancian en Tribunales, Solano afirmo que “toda la operatoria de corrupción ha sido desarrollada bajo conocimiento y dirección de la Ministra y su personal a cargo como así también se refiere a la concertación de tratados y/o convenios con una organización internacional”.
“Incluso Javier Milei ha procedido a avalar y/o defender públicamente toda la trama corrupción y el incumplimiento de los deberes de parte de sus funcionarios”, subrayó.
La denuncia considera “fundamental investigar la modalidad de la operatoria de corrupción por parte de Pettovello a través de una organización internacional se encuentra fuera del control y/o auditoria de los distintos organismos oficiales que deben desarrollar esas tareas como la Auditoria General de la Nación”.
“La contratación y convenios con la OEI se ha realizado con el fin deliberado de eliminar cualquier tipo de contralor, toda vez que se trata de la compra de alimentos para la ciudadanía argentina en territorio argentino, como así también la contratación de personal y/o monotributista (ñoquis), que en su totalidad son personas residentes en nuestro país”, concluyó.
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