Hotesur-Los Sauces: los argumentos de Cristina y Máximo Kirchner ante las acusaciones
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner presentó una serie de argumentos para rechazar las acusaciones formuladas en la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga operaciones comerciales de sociedades vinculadas a la familia de la ex presidenta.
El planteo fue difundido mediante un documento entregado al periodista Horacio Verbitsky, director de El Cohete a la Luna. Según informó Agencia Noticias Argentinas, la defensa encabezada por Alberto Beraldi sostiene que las actividades de ambas empresas fueron legales y estuvieron registradas ante los organismos de control.
Qué sostiene la defensa sobre las sociedades
De acuerdo con el escrito, Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. son empresas familiares dedicadas a operaciones inmobiliarias, principalmente la compra y el alquiler de propiedades.
Los abogados afirmaron que ambas sociedades cuentan con registros comerciales, libros contables, declaraciones impositivas y documentación respaldatoria de sus operaciones.
También señalaron que los inmuebles fueron adquiridos mediante fondos de origen lícito, una cuestión que, según su interpretación, ya había sido examinada en investigaciones anteriores relacionadas con el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner.
La defensa agregó que los bienes fueron declarados ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Oficina Anticorrupción, conforme a las obligaciones vigentes durante los períodos investigados.
Los contratos de alquiler y los movimientos de dinero
Uno de los principales puntos del documento se refiere a los contratos celebrados por las sociedades.
Los abogados sostuvieron que los alquileres fueron reales y que los inmuebles tuvieron utilización efectiva por parte de sus locatarios.
Respecto de los hoteles, explicaron que la familia Kirchner no participaba directamente de la explotación comercial de los establecimientos, sino que percibía ingresos por su arrendamiento.
Además, indicaron que un peritaje habría determinado que los valores cobrados se encontraban dentro de los parámetros del mercado. Esa conclusión corresponde a la versión de la defensa y no puede corroborarse con la documentación incluida en la noticia original.
En relación con los ingresos, señalaron que los pagos fueron facturados, realizados mediante entidades bancarias y sometidos a las retenciones impositivas correspondientes.
El cuestionamiento a la acusación fiscal
La causa también analiza las relaciones comerciales entre las sociedades y empresarios que recibieron contratos de obra pública.
La hipótesis acusatoria, según la información difundida, vincula esas operaciones con presuntas maniobras destinadas a canalizar fondos públicos.
Frente a ese planteo, los abogados rechazaron que los contratos constituyeran negociaciones incompatibles con la función pública. Argumentaron que Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner no participaron en los procedimientos de licitación, ejecución o fiscalización de las obras mencionadas.
La defensa también cuestionó las imputaciones relacionadas con el lavado de activos y la asociación ilícita. Sobre este último delito, sostuvo que la acusación ya había sido descartada en el expediente conocido como Vialidad.
Una discusión que continúa en el ámbito judicial
El documento constituye la posición de la defensa frente a las acusaciones, pero no representa una resolución judicial sobre los hechos investigados.
La determinación de eventuales responsabilidades dependerá de la valoración de las pruebas, los planteos de las partes y las decisiones de los tribunales competentes.