Rosario: derribaron dos búnkers vinculados al Clan Riquelme

El Gobierno de Santa Fe concretó este jueves 8 de octubre el derribo de dos inmuebles señalados como puntos de comercialización de estupefacientes en French al 2000, en la ciudad de Rosario. El procedimiento se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico y estuvo supervisado por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

De acuerdo con la investigación judicial, los lugares estarían vinculados con una organización relacionada con el denominado Clan Riquelme, cuyos integrantes son investigados por asociación ilícita, comercialización de drogas y distintos episodios de violencia.

Con estos procedimientos, el Gobierno provincial informó que ya se realizaron 152 intervenciones en Santa Fe, de las cuales 92 corresponden a Rosario, desde el comienzo de la gestión de Maximiliano Pullaro.

Una investigación que comenzó con hechos de violencia

La fiscal Marina Vigo explicó que la causa tuvo su origen en la investigación del homicidio de una persona de apellido Sosa y posteriormente se amplió a otros hechos.

Según detalló, el expediente comprende tres homicidios, una tentativa de homicidio, amenazas calificadas y usurpaciones de viviendas que habrían tenido como finalidad controlar propiedades destinadas a la venta de estupefacientes.

Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio indicó que la investigación permitió identificar una presunta asociación ilícita integrada por Francisco Riquelme, actualmente detenido, su hijo Ezequiel y otras personas.

La hipótesis fiscal sostiene que la organización habría intentado mantener el control de distintos puntos de comercialización de drogas mediante una estructura territorial.

Investigan la participación de un abogado

Uno de los aspectos señalados por los investigadores es la presunta intervención de un abogado de Buenos Aires.

De acuerdo con la Fiscalía, el profesional habría actuado como intermediario entre Francisco Riquelme, alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, su hijo Ezequiel y otros integrantes de la organización.

La acusación sostiene que el abogado habría facilitado comunicaciones para transmitir instrucciones desde el establecimiento penitenciario hacia quienes operaban en Rosario.

Además, Ezequiel Riquelme fue imputado como presunto organizador territorial de la estructura investigada.

Estas responsabilidades forman parte de la acusación judicial y deberán determinarse en las instancias correspondientes.

Más de 15 personas imputadas

El fiscal Diego Giro informó que la investigación permitió avanzar sobre distintos niveles de la presunta organización.

Según precisó, más de quince personas fueron imputadas, entre ellas quien sería el jefe de la estructura y el abogado investigado por su posible función como intermediario.

En tanto, el secretario de Seguridad provincial, Omar Pereira, destacó la coordinación entre las unidades de Violencia Altamente Lesiva y Microtráfico de la Policía de Investigaciones.

El funcionario sostuvo que el trabajo conjunto permitió intervenir inmuebles que, según las investigaciones, estaban relacionados con episodios de violencia en el barrio.

La aplicación de la Ley de Microtráfico

La normativa provincial, vigente desde principios de 2024, permite desarrollar intervenciones sobre puntos de venta de drogas y propiedades vinculadas con determinadas actividades delictivas.

Los procedimientos se realizan mediante la coordinación del Gobierno santafesino, el MPA, la Justicia provincial y las fuerzas de seguridad.

Los nuevos derribos se incorporan a la política provincial de inactivación de inmuebles utilizados presuntamente para actividades vinculadas al narcotráfico.

La investigación judicial continuará con el objetivo de determinar las responsabilidades individuales de los imputados y establecer el alcance de la organización investigada.