Rosario: detuvieron a una prófuga e investigan extorsiones desde la cárcel
Una mujer de 28 años que tenía pedido de captura activo se presentó este lunes ante la Policía de Investigaciones (PDI) en Rosario y quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por extorsiones y amenazas agravadas por el uso de armas de fuego.
La investigación es desarrollada en conjunto por la PDI y el Servicio Penitenciario de Santa Fe y busca determinar la presunta participación de un interno alojado en una cárcel provincial. Según la hipótesis de los investigadores, el preso habría utilizado a familiares y allegados para intimidar a distintas personas y exigirles que abandonaran sus viviendas.
La mujer fue identificada oficialmente como Cintia Paola H., de 28 años. Su presunta intervención en las maniobras forma parte de la investigación y deberá ser establecida en el proceso judicial.
La causa tuvo un capítulo previo el 21 de septiembre, cuando efectivos de la Brigada de Capturas de la PDI y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe realizaron allanamientos en domicilios ubicados en Heliotropo al 1700, Rosa Blanca al 6900 y Ulises al 7000, en barrio Las Flores.
Durante aquellos procedimientos fue aprehendido Eduardo Abel C., de 49 años. Además, los investigadores secuestraron cinco pistolas calibre 9 milímetros —algunas con numeración suprimida—, un subfusil FMK3 también con numeración suprimida, un revólver calibre 38, cargadores y más de un centenar de cartuchos.
Las actuaciones habían comenzado el 8 de septiembre, cuando el fiscal Carlos Covani emitió un oficio para avanzar con la localización y detención de la mujer. A partir de entonces, personal de la PDI realizó tareas de campo y relevamientos en distintos sectores de Las Flores.
Según indicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, durante esas averiguaciones surgió información sobre un domicilio en el que presuntamente se almacenaban armas de fuego. Los datos fueron comunicados a la Fiscalía y posteriormente derivaron en los allanamientos.
Además, el trabajo conjunto con el Servicio Penitenciario permitió avanzar sobre la presunta vinculación entre la mujer y un interno. La hipótesis oficial sostiene que desde su lugar de detención habría realizado amenazas y extorsiones contra familias para obligarlas a dejar sus viviendas. Se trata de una versión de la investigación que deberá ser acreditada judicialmente.
El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, afirmó que la investigación permitió poner a disposición judicial a la mujer e identificar al interno investigado.
En este marco, las autoridades anticiparon que ambos deberán afrontar una audiencia imputativa. Será esa instancia judicial la que permitirá conocer formalmente los hechos atribuidos a cada uno, la evidencia reunida por la Fiscalía y las eventuales medidas cautelares que puedan solicitarse.