El patrimonio de María Belén Agudiez quedó bajo análisis tras su salida del Gobierno
La evolución patrimonial declarada por María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, tomó relevancia pública después de su salida del Gobierno nacional y de la reorganización dispuesta en la Quinta de Olivos.
Según la información conocida a partir de sus declaraciones juradas, Agudiez ingresó a la administración pública con un patrimonio cercano a los $43.000, compuesto por dinero depositado en cuentas bancarias y efectivo. Al cierre de 2025 informó activos por aproximadamente $4,5 millones.
En su última presentación también declaró alrededor de $3,5 millones en efectivo, además de fondos comunes de inversión, dinero en plataformas de servicios de pago y una caja de ahorro en dólares.
En cuanto al movimiento económico registrado durante ese período, informó ingresos anuales por unos $37,6 millones y gastos personales cercanos a los $36 millones.
La diferencia entre las declaraciones patrimoniales generó repercusión política, aunque los datos disponibles no permiten por sí mismos establecer la existencia de un incremento patrimonial ilícito. Una variación nominal del patrimonio, además, debe analizarse considerando ingresos declarados, composición de activos y el contexto inflacionario del período.
Agudiez integraba la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, y tenía responsabilidades vinculadas con distintas dependencias presidenciales. Su renuncia fue aceptada mediante el Decreto 1055/2026 y tiene vigencia desde el 20 de septiembre. La norma no detalla los motivos de la dimisión.
Su salida se produjo en paralelo con una reorganización de la Quinta Presidencial de Olivos, donde el Gobierno dispuso cambios de personal y trasladó responsabilidades operativas y de seguridad a Casa Militar.
Por otro lado, la diputada nacional Marcela Pagano presentó ante la Justicia una denuncia por presuntas irregularidades relacionadas con compras y contrataciones destinadas a dependencias presidenciales.
Entre sus acusaciones, la legisladora sostuvo que determinados alimentos adquiridos para dependencias oficiales habrían sido utilizados para abastecer un emprendimiento gastronómico privado denominado “Pancitos Caseros”, relacionado, según su presentación, con familiares de Agudiez.
Se trata de una versión no confirmada judicialmente. Hasta el momento, las fuentes consultadas no aportan una resolución que determine responsabilidades penales por esos hechos.
En este marco, la evolución de las declaraciones juradas de Agudiez y las denuncias sobre el funcionamiento de la Quinta de Olivos quedaron instaladas como dos cuestiones de interés público. La investigación judicial deberá determinar si las acusaciones presentadas cuentan con elementos suficientes para avanzar y establecer eventuales responsabilidades.