Santa Fe sancionó la ley contra cuidacoches y municipios deberán adherir
La Cámara de Senadores de Santa Fe convirtió en ley el proyecto que establece nuevas sanciones para la actividad de cuidacoches en la vía pública. La votación se realizó este jueves 17 de septiembre y terminó con 16 votos afirmativos y tres ausencias. La Cámara alta insistió con la versión que había aprobado originalmente y descartó las modificaciones introducidas durante el paso de la iniciativa por Diputados.
La norma, impulsada por el senador por el departamento Rosario Ciro Seisas, incorpora los artículos 66 bis, 66 ter y 66 quater al Código de Convivencia de Santa Fe. El régimen alcanza a quienes, sin autorización y en lugares donde la actividad esté prohibida por la normativa local, ofrezcan espacios para estacionar o realicen tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos a cambio de una retribución.
Entre las sanciones previstas se establece trabajo comunitario de dos a diez días y la prohibición de concurrir al lugar donde se haya producido la contravención. En los casos de reincidencia, la normativa contempla arrestos de entre diez y veinte días.
Además, el esquema establece agravantes en determinadas circunstancias. Las penas pueden aumentar cuando existen amenazas o violencia, cuando la actividad se desarrolla en determinadas zonas o franjas horarias y cuando intervienen dos o más personas de manera organizada. Para quienes sean identificados como organizadores o coordinadores se contemplan sanciones superiores.
Uno de los puntos centrales es que la aplicación no será automática en todo el territorio santafesino. Cada municipio deberá adherir al régimen y establecer mediante su normativa local en qué lugares y bajo qué condiciones queda prohibida la actividad. De esta manera, la ley provincial funciona como marco jurídico para que los gobiernos locales que adhieran puedan aplicar las figuras contravencionales.
Por otro lado, la normativa incluye un capítulo vinculado con las personas que hayan llegado a esta actividad en contextos de vulnerabilidad. El Ejecutivo provincial deberá desarrollar herramientas de capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y programas relacionados con salud mental y consumos problemáticos, en coordinación con gobiernos locales y otras instituciones.
Durante el debate, Seisas reconoció que la sanción legislativa no resolverá inmediatamente la situación. “Con esta ley no se termina nada”, expresó el senador, al señalar que ahora comienza el proceso de implementación en cada localidad.
La discusión se trasladará ahora a los concejos municipales. Las ciudades que decidan adherir deberán adecuar sus ordenanzas y determinar cómo instrumentarán controles, sanciones y mecanismos de intervención dentro del nuevo marco provincial.