La mora vuelve al centro del debate dentro del Gobierno

La evolución de la morosidad en créditos de familias y empresas vuelve a ocupar un lugar en la agenda del Gobierno nacional y podría formar parte de la reunión de Gabinete prevista para este martes 1 de septiembre, desde las 10, en Casa Rosada, encabezada por el presidente Javier Milei.

El tema ya fue analizado durante encuentros anteriores. Desde el oficialismo sostienen que los niveles de mora habrían alcanzado un máximo y consideran que algunos indicadores comienzan a mostrar señales de estabilización. Sin embargo, los últimos números disponibles requieren una lectura más amplia.

Según estimaciones de la consultora 1816 elaboradas a partir de información del Banco Central, la morosidad total del sector privado no financiero pasó del 7,63% en junio al 7,73% en julio. En el caso de los préstamos a hogares con atrasos superiores a 90 días, el indicador avanzó del 12,77% al 12,94%.

La misma medición señala, no obstante, que el saldo real correspondiente a créditos en mora prácticamente no tuvo variaciones mensuales. Parte del aumento porcentual se explicaría por una reducción en términos reales del stock total de financiamiento.

En este marco, la administración nacional mantiene su decisión de no avanzar con una intervención general sobre el mercado crediticio. La postura oficial es que sean los bancos y las entidades financieras quienes administren cada situación y acuerden, cuando corresponda, mecanismos de refinanciación con sus clientes.

Milei ya había abordado la situación durante la reunión de Gabinete realizada el lunes 31 de agosto. Según fuentes gubernamentales, rechazó que los actuales niveles configuren una crisis y pidió a sus funcionarios defender la orientación del programa económico.

Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, expresó su preocupación por el impacto del endeudamiento sobre los hogares y reclamó analizar posibles respuestas.

“Alguna solución tiene que haber”, planteó Colombo al referirse a las condiciones bajo las cuales las familias contraen obligaciones financieras y a la proporción de los ingresos que termina destinada al pago de deudas.

El planteo abrió un nuevo punto de discusión con el Ejecutivo. Desde Casa Rosada evitaron profundizar públicamente la controversia y señalaron que el asunto sería tratado en los ámbitos internos del Gobierno.

La evolución de los próximos datos será determinante para establecer si efectivamente comienza una reducción de la morosidad, como esperan fuentes oficiales, o si continúa el deterioro registrado en los últimos meses.