Denuncian presunta trata en un geriátrico clandestino de Santa Fe

La investigación por el funcionamiento de un geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte, en la ciudad de Santa Fe, sumó una nueva instancia judicial. El periodista Pablo Benito presentó una denuncia ante la Justicia Federal, con el patrocinio del abogado Santiago Banegas, para que se determine si los hechos podrían configurar el delito de trata de personas.

La presentación plantea como hipótesis la posible existencia de un mecanismo de captación, alojamiento y explotación económica de adultos mayores y personas vulnerables. Por el momento, se trata de una versión no confirmada judicialmente y la existencia de una estructura de trata no está acreditada.

El caso comenzó a tomar estado público a fines de julio, cuando un incendio en la vivienda donde funcionaba el establecimiento provocó la intervención de los servicios de emergencia y de organismos estatales.

En el lugar fueron encontradas siete personas. El establecimiento no contaba con habilitación municipal y los residentes fueron posteriormente trasladados para recibir asistencia.

Según explicó Benito en el programa Santa Fe Policiales, emitido por CYD Litoral, la presentación federal busca reconstruir también de qué manera llegaron los adultos mayores al lugar y quiénes participaron en esos ingresos.

Una de las hipótesis incorporadas a la denuncia sostiene que algunas personas en situación de vulnerabilidad habrían sido derivadas luego de atravesar internaciones o situaciones sociales complejas.

Además, testimonios conocidos después de la intervención mencionaron presunta retención de documentación personal, tarjetas bancarias y problemas relacionados con la administración de jubilaciones y pensiones. Estas circunstancias forman parte de las denuncias y deberán ser verificadas durante la investigación.

Por otro lado, el expediente provincial ya analizaba posibles delitos vinculados con las condiciones en las que permanecían los residentes. También se conoció que familiares habían efectuado presentaciones durante los meses anteriores a la intervención.

Ese antecedente abrió otro frente institucional. La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación analiza la actuación de los fiscales Roberto Olcese y Manuel Cecchini para determinar qué tratamiento recibieron las denuncias formuladas previamente.

En este marco, la nueva presentación no significa que la trata de personas haya sido comprobada. La Justicia Federal deberá evaluar los elementos aportados y determinar si las circunstancias denunciadas permiten avanzar bajo esa figura penal.

La causa mantiene así distintos frentes abiertos: las condiciones de alojamiento de los residentes, la posible administración irregular de sus recursos económicos, las denuncias realizadas antes de la intervención y la eventual participación de otras personas.

Las próximas medidas judiciales serán determinantes para establecer si se trató exclusivamente del funcionamiento irregular de un establecimiento clandestino o si existió una organización de mayor alcance.