Cuando los que deben combatir la droga quedan bajo sospecha

La detención del jefe y del subjefe de la División Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto no puede ser presentada como un episodio policial más. Danilo Grossi y Brian Duclo estaban al frente de una estructura creada, justamente, para perseguir la comercialización de drogas al menudeo. Hoy están detenidos mientras la Justicia investiga posibles maniobras vinculadas con esa misma actividad que debían combatir. La responsabilidad penal deberá determinarla la Justicia y la presunción de inocencia debe respetarse. Pero políticamente las preguntas empiezan ahora. 

Porque mientras desde Santa Fe se multiplican anuncios, estadísticas, allanamientos y discursos sobre la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico, aparecen sospechas dentro de uno de los organismos encargados de ejecutar esa política.

Y entonces hay que preguntar: ¿quién controlaba a los que controlaban?

No alcanza con detener a dos funcionarios policiales y anunciar una reorganización del área. Si la investigación determina que existió protección hacia personas vinculadas con la venta de drogas, habrá que establecer desde cuándo ocurría, qué expedientes pasaron por esas manos, qué procedimientos realizaron, cuáles no realizaron y si hubo investigaciones anteriores que pudieron haber sido condicionadas.

Se secuestraron los teléfonos de todos los integrantes de la División Microtráfico de Venado Tuerto y se realizaron seis allanamientos. No parece, por lo tanto, una cuestión que políticamente pueda despacharse con un simple cambio de nombres. 

El Gobierno de Santa Fe ha convertido la seguridad y el combate contra el narcotráfico en una de sus principales banderas. Precisamente por eso debe ser mucho más exigente la explicación.

Una política de seguridad no se mide solamente por la cantidad de búnkeres derribados, detenidos mostrados ante las cámaras o operativos difundidos en las redes oficiales. También se mide por la capacidad del Estado para impedir que quienes poseen información sensible, armas, recursos públicos y poder policial terminen bajo sospecha de favorecer aquello que juraron combatir.

Mientras policías, fiscales y trabajadores honestos del sistema se exponen diariamente frente al delito, sería intolerable que desde adentro alguien hubiese utilizado una estructura estatal para beneficiar intereses criminales.

Si esto ocurrió, no sería solamente una traición al uniforme. Sería un fracaso de los controles políticos e institucionales.

Santa Fe necesita saber quién sabía, quién debía controlar, qué controles existían y por qué no funcionaron antes.

El gobierno podrá decir que detener a sus propios funcionarios demuestra que las instituciones funcionan. Es un argumento atendible. Pero existe otra mitad de la discusión: si las sospechas se confirman, esas mismas instituciones deberán explicar cómo personas investigadas por semejantes conductas llegaron a conducir un área estratégica contra el microtráfico.

La investigación judicial recién comienza.

La responsabilidad política, en cambio, ya merece respuestas.

Porque combatir al narcotráfico no puede ser solamente un discurso.

Mucho menos cuando la sospecha golpea la puerta de quienes debían perseguirlo.

Oscar Andrés Canavese