Desde septiembre regirá la nueva Ley Penal Juvenil: qué cambia para los menores desde los 14 años
A partir del próximo 5 de septiembre entrará en vigencia la Ley 27.801 de Responsabilidad Penal Juvenil, que modificará el régimen actualmente aplicado a adolescentes involucrados en delitos y reemplazará a la Ley 22.278.
Uno de los principales cambios será la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, según explicó la fiscal adjunta Marianela Montemarani en declaraciones a Región360.
Actualmente, para responsabilizar penalmente a una persona menor de edad deben cumplirse determinadas condiciones vinculadas tanto a la edad como a la gravedad del delito.
Con la entrada en vigencia del nuevo régimen, esos criterios serán modificados.
“El límite de la edad se baja a 14 años, o sea, a partir del 5 de septiembre un menor de 14 años puede ser responsabilizado penalmente por un delito que haya cometido”, explicó Montemarani.
La fiscal agregó que también se elimina la restricción relacionada con la expectativa de pena del delito investigado.
“Se va a poder juzgar a un menor de 14 años por cualquier tipo de delito más allá de la pena en expectativa que establezca el Código”, indicó.
Cómo serán los procesos judiciales
La nueva legislación establece que las audiencias se desarrollarán de manera oral y ante un juez.
En el procedimiento intervendrán la Fiscalía, la defensa del adolescente y sus representantes legales o afectivos. La víctima también podrá contar con un abogado querellante.
Los procesos vinculados a personas menores de edad mantendrán además un carácter reservado.
“Todo lo que tenga que ver con los menores de edad no es público porque entran a jugar los intereses de los derechos del niño”, sostuvo Montemarani.
Por ese motivo, deberán resguardarse los datos que permitan identificar al adolescente y las audiencias no serán públicas.
Medidas alternativas a la prisión
Otro de los puntos centrales de la reforma es la incorporación de distintas respuestas judiciales antes de recurrir a medidas de encierro.
Según explicó la fiscal, el objetivo es buscar mecanismos que permitan involucrar al adolescente, a su familia y a la víctima en una posible reparación del daño.
Entre las alternativas aparecen tareas comunitarias, acciones de reparación y otras medidas que permitan al adolescente asumir responsabilidad por el hecho cometido.
La prisión preventiva quedaría reservada principalmente para los delitos de mayor gravedad.
También se contemplan modalidades como la prisión domiciliaria, establecimientos educativos y, en determinados casos, institutos cerrados.
Un máximo de 15 años de prisión
La normativa también establece expresamente un límite para las condenas aplicables a menores.
“El tope máximo de pena para un menor no puede superar los 15 años de prisión”, señaló Montemarani.
La fiscal explicó que ese criterio ya era utilizado a partir de antecedentes jurisprudenciales y convenios internacionales, pero ahora quedará incorporado expresamente a la legislación.
El rol de los padres
La reforma también incorpora la participación de los padres o responsables del adolescente dentro del proceso.
De acuerdo con lo explicado por Montemarani, los adultos responsables serán convocados y podrá analizarse además su responsabilidad civil frente a los daños ocasionados.
Santa Fe asegura estar preparada
Desde el Gobierno provincial señalaron que Santa Fe está en condiciones de implementar el nuevo régimen desde septiembre.
La vocera provincial Virginia Coudannes sostuvo que la administración encabezada por Maximiliano Pullaro cuenta con infraestructura, cargos, oficinas y profesionales preparados para aplicar las nuevas disposiciones.
También indicó que existen dispositivos para las diferentes modalidades previstas por la ley, desde medidas alternativas y prisión domiciliaria hasta establecimientos abiertos y cerrados.
La aplicación de la reforma tendrá incidencia en todo el sistema judicial santafesino, incluidos los tribunales y fiscalías que intervienen en causas de Venado Tuerto y el departamento General López.