Sociedad Por: LORENA ACOSTA10/08/2026

Un salteño reclama más de $191 millones a AstraZeneca y al Estado por presuntos daños vinculados a la vacuna contra el Covid

Emanuel Alejandro Ocaña Francia, de 34 años, inició una demanda de daños y perjuicios tras atribuir diferentes problemas de salud a dos dosis recibidas en 2021. La Justicia deberá determinar si existe una relación causal entre la vacunación y las patologías denunciadas.

Un hombre de Salta inició una demanda contra AstraZeneca S.A. y el Estado nacional y reclama una indemnización superior a los $191 millones por problemas de salud que atribuye a dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 recibidas durante 2021.

El demandante es Emanuel Alejandro Ocaña Francia, de 34 años, quien reclama una reparación económica por incapacidad sobreviniente, daño moral y daño emergente. Además, planteó un pedido de daño punitivo contra la farmacéutica.

Según surge de la presentación judicial, Ocaña recibió la primera dosis de AstraZeneca el 17 de junio de 2021 y la segunda el 29 de agosto del mismo año, en establecimientos sanitarios de la provincia de Salta.

El hombre sostiene que posteriormente comenzó a atravesar distintos problemas de salud, entre ellos episodios convulsivos y alteraciones cardiovasculares, renales y neurológicas, que derivaron en internaciones y tratamientos médicos.

Entre los diagnósticos mencionados en la demanda figuran síndrome antifosfolipídico, plaquetopenia severa, enfermedad renal, trombocitopenia y diferentes secuelas neurológicas.

Sin embargo, la relación entre esas patologías y la aplicación de la vacuna todavía no fue establecida. Ese será uno de los principales aspectos que deberá analizar la Justicia mediante las pruebas y pericias solicitadas durante el proceso.

Documentación médica

Entre los antecedentes aportados aparece un resumen de historia clínica del Hospital San Bernardo correspondiente a una internación registrada en octubre de 2022.

El documento consignó múltiples episodios convulsivos tonicoclónicos generalizados y una hipertensión arterial severa de reciente diagnóstico. También señaló que una resonancia magnética cerebral había mostrado lesiones interpretadas como isquémicas subagudas y otras lesiones en ambos hemisferios cerebelosos.

Posteriormente, el 22 de noviembre de 2023, el paciente ingresó al Hospital Italiano de Buenos Aires para realizarse nuevos estudios y evaluar alternativas de tratamiento.

De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, durante esa etapa recibió diagnóstico de síndrome antifosfolipídico y plaquetopenia severa, además de presentar alteraciones en la función renal y antecedentes de epilepsia asociada a lesiones encefálicas.

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El reclamo económico

La demanda fija un reclamo total de $191.066.282,99.

Dentro de esa cifra se incluyen distintos conceptos indemnizatorios, entre ellos $28 millones por daño moral, $700.000 por daño emergente y más de $50 millones en concepto de daño punitivo solicitado específicamente contra AstraZeneca.

Además, el demandante pidió de manera subsidiaria acceder al Fondo de Reparación Covid-19 establecido por la Ley 27.573. Ese concepto fue calculado en $63.817.680 al momento de realizar la presentación.

La parte demandante también incorporó un análisis médico-legal privado realizado en noviembre de 2024, en el que se determinó una incapacidad del 70%.

Ese porcentaje forma parte de las pruebas presentadas por Ocaña y también deberá ser evaluado dentro del expediente.

La causalidad, el punto central

La Justicia deberá establecer ahora si existe una relación causal entre la vacunación contra el Covid-19 y las enfermedades y secuelas denunciadas por el hombre.

Para avanzar en ese punto, la parte demandante solicitó una pericia médica oficial destinada a determinar las patologías actuales, el grado de incapacidad y la posible vinculación entre los diagnósticos y las dosis recibidas.

También pidió que los especialistas determinen si las afecciones descriptas resultan compatibles con efectos adversos conocidos de la vacuna.

Por el momento, la vinculación entre la aplicación de AstraZeneca y los problemas de salud constituye la posición sostenida por el demandante y no una conclusión médica o judicial definitiva.

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