Gobierno y universidades cierran acuerdo salarial y de financiamiento

El Gobierno nacional, junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes, mantendrá este miércoles una reunión clave para cerrar un acuerdo sobre el financiamiento de las universidades públicas y un incremento salarial para los docentes. El encuentro se realizará desde las 13, luego de semanas de negociaciones y una demanda judicial ante la Corte Suprema para garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Fuentes universitarias indicaron que las conversaciones siguen activas y que algunos sindicatos todavía evalúan internamente la oferta oficial. La intención es lograr un esquema que incluya a todos los actores del sector, y se espera que el anuncio del acuerdo pueda realizarse hoy mismo.

Según el borrador que se negocia, el aumento salarial total para docentes y no docentes sería del 24,33%, distribuido en un 21,33% en junio sobre los salarios de mayo de 2026 y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los haberes de septiembre. Esta actualización busca compensar el atraso de 2025, cubrir la inflación acumulada y recuperar parte del poder adquisitivo perdido. Además, el acuerdo contempla que las paritarias universitarias se convoquen al menos cada tres meses, uno de los reclamos históricos del sector.

El acuerdo no solo incluye salarios: la propuesta prevé un incremento del 20% en los fondos de funcionamiento de las universidades a partir de junio, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Pese a esto, las universidades continuarán con el reclamo judicial sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Gobierno plantea discutir los fondos nuevamente durante el debate del Presupuesto 2027.

Desde la Casa Rosada buscan presentar el acuerdo como una herramienta para descomprimir el conflicto salarial sin abandonar el debate sobre la ley de financiamiento. El Ejecutivo argumenta que la normativa vigente incrementa el gasto sin una fuente específica de recursos y que la discusión debe integrarse al presupuesto nacional, en un contexto de ajuste fiscal reciente que incluyó recortes en educación, universidades y obras públicas por $2,5 billones.