Denuncian penalmente a Carolina Losada por su proyecto

Juristas, académicos y referentes de Derechos Humanos cuestionaron la iniciativa impulsada por la senadora santafesina sobre falsas denuncias en casos de abuso y violencia de género.
 

Un grupo de juristas, académicos y referentes de Derechos Humanos presentó una denuncia penal contra la senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada por el proyecto de ley que impulsa para endurecer las penas por “falsas denuncias” vinculadas a casos de abuso infantil y violencia de género.

La presentación judicial sostiene que la iniciativa podría representar una forma de coacción hacia profesionales que trabajan en la asistencia y acompañamiento de víctimas. Entre quienes respaldan la denuncia aparecen el exjuez Carlos Rozanski, la investigadora Dora Barrancos y referentes de Derechos Humanos como Taty Almeida y Nelly Minyersky.

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Según los denunciantes, el proyecto carece de sustento estadístico suficiente para justificar un endurecimiento de las penas. En ese sentido, citaron un informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos que analizó cerca de 8 millones de expedientes entre 2023 y 2025.

De acuerdo a ese relevamiento, las denuncias consideradas falsas representarían apenas el 0,09% del total de las causas penales, es decir, un caso cada 1.098 expedientes. Para los impulsores de la denuncia, esos números contradicen la necesidad de avanzar con una reforma de este tipo.

El proyecto de Losada ya obtuvo dictamen favorable en comisiones del Senado y propone elevar las penas actuales a un rango de uno a tres años de prisión. Además, contempla sanciones de hasta seis años cuando las supuestas falsas denuncias involucren delitos contra menores o contra la integridad sexual.

La legisladora argumentó en distintas oportunidades que la iniciativa busca evitar que “causas inventadas” saturen el sistema judicial y resten recursos a las verdaderas víctimas.

En paralelo, Losada también denunció públicamente en Rosario la existencia de una presunta red de psicólogas acusadas de manipular peritajes. Sin embargo, desde los sectores que impulsaron la presentación judicial sostienen que ese discurso genera intimidación sobre los profesionales encargados de detectar y acompañar situaciones de abuso infantil.

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