Santa Fe podrá concesionar rutas nacionales y avanzar sobre la A012

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema que habilita a Santa Fe a intervenir en rutas nacionales que atraviesan su territorio mediante concesiones de obra pública con cobro de peaje.

La medida quedó establecida a través del Decreto 253/2026, que delega en la provincia la facultad de licitar, adjudicar y administrar obras sobre estos corredores. De esta manera, la gestión de Maximiliano Pullaro podrá avanzar en planes de reparación, mantenimiento, ampliación y conservación de tramos clave para la circulación y la producción.

En este marco, todo indica que la ruta A012 será la primera en quedar bajo este esquema. Se trata de una traza estratégica para el acceso a los puertos del Gran Rosario y una de las prioridades del gobierno santafesino dentro de su programa de mejora de la infraestructura vial.

Según se informó, Santa Fe ya cuenta con un plan de contingencia para intervenir la calzada de la A012 con una inversión estimada en 5 mil millones de pesos. Además, trabaja en un proyecto de largo plazo para crear un ente público-privado con participación de comunas, con el objetivo de financiar el mantenimiento a partir de una tasa aplicada al transporte de cargas que llega a las terminales portuarias.

De todos modos, el decreto aclara que no habrá transferencia de la propiedad ni de la jurisdicción. Las rutas seguirán siendo nacionales y bajo la órbita del Estado central, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad mantendrá funciones de control técnico.

Para que la delegación se concrete, Santa Fe deberá firmar convenios específicos con Vialidad Nacional. En esos acuerdos se establecerán los tramos incluidos, el plazo de concesión —que podrá extenderse hasta 30 años—, el esquema de financiamiento, las tarifas de peaje y el cronograma de obras.

Además, la provincia tendrá que presentar proyectos técnicos y económicos para su evaluación. Nación conservará la decisión final sobre cada iniciativa y, una vez aprobado el convenio, Santa Fe contará con un año para llamar a licitación. Si no lo hace en ese plazo, perderá la delegación sobre ese tramo.

Por otro lado, el texto oficial dispone que los recursos obtenidos por peaje solo podrán destinarse al corredor concesionado, sin posibilidad de utilizarlos en otras obras. También establece que la provincia asumirá la responsabilidad legal por la ejecución de los contratos y por eventuales reclamos, dejando al Estado nacional fuera de esas obligaciones.

Santa Fe integra la primera etapa de este esquema junto con Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Corrientes. Según argumentó el Ejecutivo nacional, la medida busca descentralizar la gestión vial y dar mayor participación a las provincias ante el deterioro de distintos corredores nacionales.

Aun así, la Nación se reservó la posibilidad de retomar el control de los tramos concesionados si existieran razones de interés público.