Condenan a una joven por vender drogas en Venado Tuerto
Una joven identificada como Micaela Soledad Techeira fue condenada a cuatro años de prisión por el delito de comercialización de estupefacientes en la ciudad de Venado Tuerto.
La causa fue investigada por el fiscal Iván Raposo y se resolvió mediante un procedimiento abreviado, mecanismo judicial que permite acordar una pena entre las partes sin llegar a juicio oral.
La investigación se inició el 16 de febrero a partir de una denuncia presentada por Nahuel Pasquinelli, funcionario del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. El reporte advertía sobre la presunta venta de drogas en una vivienda ubicada en Pasaje Torres al 600.
Según se indicó durante el proceso, la información también fue respaldada por testimonios de vecinos y referentes barriales de la zona.
Allanamiento y pruebas
En el marco de la investigación, el 4 de mayo personal de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Microtráfico, realizó un allanamiento en el domicilio denunciado.
Durante el procedimiento se secuestraron envoltorios de nylon, una balanza de precisión, tijeras metálicas, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Además, se hallaron anotaciones que estarían vinculadas con la venta de estupefacientes.
De acuerdo al acta policial, varios de los elementos estaban ocultos debajo de una almohada en una cama matrimonial.
Con estas pruebas, la fiscalía avanzó con la imputación formal contra Techeira el 8 de mayo ante el juez Mauricio Clavero.
Condena y prisión domiciliaria
En el acuerdo abreviado, la imputada reconoció su responsabilidad en el delito previsto en la Ley Nacional de Drogas N.º 23.737. Como resultado, se estableció una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.
Sin embargo, debido a que la mujer es madre de hijos menores, el tribunal dispuso que la condena se cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Durante el proceso, la defensa —representada por la abogada Silvia Couselo— expuso la situación de vulnerabilidad social y económica de la acusada, quien no cuenta con empleo estable ni formación formal y reside junto a sus padres y sus hijos.
Desde la fiscalía también se señaló que este contexto social fue considerado dentro del análisis del caso, remarcando la necesidad de abordar este tipo de situaciones con una mirada que combine el cumplimiento de la ley con criterios de humanidad en la aplicación de las penas.