Se reglamentó el blanqueo popular permanente más grande de la historia

El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que apunta a dejar atrás décadas de restricciones cambiarias, inflación y presión tributaria, y que establece un blanqueo popular permanente para millones de argentinos.

Según se informó oficialmente, la norma tiene como objetivo permitir que los ahorristas puedan utilizar su dinero sin temor a ser perseguidos por evasión, al tiempo que se simplifica el sistema impositivo y se promueve una mayor circulación de fondos en la economía formal.

Uno de los ejes centrales es el Régimen Simplificado de Ganancias, que permitirá tributar sin que ARCA exija explicaciones sobre el patrimonio o los gastos personales previos. De este modo, los contribuyentes podrán regularizar ahorros no declarados y utilizarlos libremente, siempre que cumplan con sus obligaciones fiscales hacia adelante.

La reglamentación también eleva de manera significativa los umbrales penales por evasión. El límite para la evasión simple se fijó en 100 millones de pesos y el de evasión agravada en 1.000 millones. Además, el plazo de prescripción del delito se redujo de cinco a tres años, lo que implica que quienes adhieran al régimen no podrán ser investigados por períodos anteriores una vez cumplido ese plazo.

Otro punto clave es la modificación de los montos a partir de los cuales se informan depósitos y transacciones bancarias. Durante años, controles estrictos aplicados por la entonces AFIP generaron que el uso de efectivo se convirtiera en una forma de resguardo patrimonial. Con la nueva normativa, las personas podrán realizar operaciones mensuales de hasta 10 millones de pesos, o su equivalente en dólares, sin que se generen reportes automáticos al Estado.

Desde el Ejecutivo sostienen que estas medidas permitirán mayor comodidad para los contribuyentes, impulsarán la actividad comercial y facilitarán el uso de ahorros acumulados, al tiempo que los organismos de control como la UIF podrán concentrarse en la persecución de delitos complejos y criminales de mayor escala.

La reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal marca así un cambio profundo en la relación entre el Estado y los contribuyentes, con la promesa de un sistema más simple, menos punitivo y orientado a la reactivación económica.