El Gobierno apura la reforma laboral y abre una negociación clave

Por pedido expreso del presidente Javier Milei, el Gobierno nacional decidió acelerar las negociaciones políticas para avanzar con la reforma laboral, uno de los proyectos centrales del período de sesiones extraordinarias que comenzará el 2 de febrero.

La iniciativa, denominada Modernización Laboral, ya cuenta con dictamen en el Senado, pero aún genera reparos entre sectores de la oposición dialoguista y, principalmente, entre los gobernadores, que reclaman modificaciones vinculadas al impacto fiscal de la norma, especialmente en el Impuesto a las Ganancias.

En este contexto, el oficialismo no prevé convocar a una sesión inmediata. En el Senado estiman que el debate podría llegar al recinto recién el miércoles 11 de febrero, mientras continúan las conversaciones para asegurar los votos necesarios. Desde la Casa Rosada reconocen que, de no lograrse consenso pleno, prefieren una ley con menos cambios estructurales pero que permita aliviar aspectos burocráticos del sistema laboral.

Las negociaciones se concentran en la Mesa Política, integrada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado Patricia Bullrich, el ministro del Interior Diego Santilli y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt.

Allí se define la estrategia parlamentaria, los puntos negociables y los aspectos que el Ejecutivo considera intocables. En los temas fiscales también participa el ministro de Economía Luis Caputo, debido al impacto presupuestario de la iniciativa.

El principal foco de discusión es la reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades, una medida que afecta recursos coparticipables. Según cálculos oficiales, el costo fiscal sería del 0,65% del PBI, con un impacto del 0,15% en las provincias, cifra que hoy condiciona el respaldo de varios mandatarios provinciales.

En el Gobierno admiten que podría haber margen para ceder en ese punto. Entre las alternativas que se analizan figuran un esquema de compensación a las provincias o una aplicación gradual de la reforma, con cobertura nacional hasta 2027.

Desde las provincias advierten que las cuentas están “fuertemente tensionadas” por la caída de la coparticipación y la eliminación de transferencias discrecionales, por lo que reclaman flexibilidad para acompañar el proyecto.

Mientras tanto, la Casa Rosada ya confirmó dos nuevas reuniones de la Mesa Política, una este martes y otra el miércoles 4 de febrero, con el objetivo de cerrar acuerdos que permitan avanzar con la reforma dentro del calendario previsto.