La ley de emergencia en discapacidad sigue sin aplicarse

A menos de dos semanas del 4 de febrero, fecha límite establecida por la Justicia, la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso nacional continúa sin aplicarse. La situación genera una fuerte incertidumbre en organizaciones, prestadores y familias, que advierten por un inicio de 2026 marcado por recortes y suspensiones de servicios esenciales.

La norma cuenta con una orden judicial expresa que obliga al Estado nacional a ponerla en marcha, tras considerar agotadas todas las instancias administrativas y judiciales. Sin embargo, hasta el momento, esa resolución no fue cumplida.

En este marco, la abogada Mariela Peña, especialista en derechos de las personas con discapacidad e impulsora del amparo judicial, expresó su preocupación por la falta de respuestas concretas del Gobierno nacional. “La fe nunca la perdemos, pero las expectativas con el desarrollo de las políticas públicas nunca son muy positivas”, señaló.

Peña recordó que el fallo del Juzgado Federal de Campana fue dictado a mediados de diciembre y que, desde entonces, el Ejecutivo presentó respuestas que calificó como dilatorias. Según explicó, incluso durante la feria judicial se solicitaron medidas urgentes, todas aceptadas por el juez. “Finalmente se fijó un límite claro: el 4 de febrero vence el plazo y el Estado debe cumplir, porque ya se agotaron todas las instancias”, remarcó en declaraciones al programa “De 10”, que se emite por LT 10.

Otro de los puntos cuestionados es la decisión del Gobierno nacional de transformar la Agencia Nacional de Discapacidad en una Secretaría. Para Peña, ese cambio profundiza un enfoque que el sector rechaza. “No compartimos la mirada. Hay una diferencia clara entre un modelo social de la discapacidad y un modelo médico hegemónico”, afirmó, y denunció que las organizaciones no están siendo escuchadas.

Además, cuestionó la falta de una mirada federal en el diseño de políticas públicas. “No es lo mismo hablar de discapacidad en Santa Fe capital que en el norte de la provincia o en otras regiones del país”, sostuvo, y aseguró que el sector se mantiene en estado de alerta permanente.

Mientras tanto, el impacto ya se siente en el territorio. Instituciones y prestadores atraviesan una crisis económica profunda. Muchas prestaciones aún no se iniciaron en 2026 y se espera a febrero para definir si podrán retomarse. El transporte es uno de los servicios más afectados, debido al aumento del combustible y los repuestos, lo que llevó a algunas empresas a abandonar la actividad.

“La situación es muy triste. Hay instituciones que hacen bingos o venden productos para sobrevivir, y otras que directamente cerraron”, advirtió Peña. También señaló retrasos salariales, pagos en cuotas y deudas con trabajadores, en un sector compuesto mayoritariamente por ONG con años de trayectoria.

Según explicó, la aplicación de la ley permitiría una actualización inmediata de los aranceles, con un aumento cercano al 70%, y establecería un mecanismo automático de actualización mensual atado al IPC. “Sería un oxígeno para las instituciones y evitaría nuevas demoras”, indicó.

Sin embargo, mientras la norma siga sin ejecutarse, la crisis se profundiza. “Hay prestadores que no arrancaron con las prestaciones 2026 y personas con discapacidad que no están accediendo a sus tratamientos”, alertó. A nivel nacional, ya se registran más de 60 instituciones cerradas y numerosos equipos interdisciplinarios disueltos, con un impacto directo en niños, adultos y adultos mayores con discapacidad.