Condenan a un funcionario de Pullaro e inhabilitan de por vida

Horacio Bertoglio recibió 1 año y 3 meses de prisión condicional y una inhabilitación perpetua por intervenir en un loteo privado mientras era concejal de Sunchales y funcionario provincial.

La Justicia santafesina condenó a Horacio Daniel Bertoglio, exconcejal de Sunchales y funcionario del gobierno provincial, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El fallo, dictado por el juez Gustavo Bumaguin en Rafaela, impuso una pena de 1 año y 3 meses de prisión condicional y una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Según la sentencia, Bertoglio utilizó su banca de concejal para intervenir en un expediente municipal vinculado al “Loteo Solaro”, un emprendimiento privado en el que él mismo actuaba como administrador y apoderado. La investigación determinó que mantuvo ese rol aún después de asumir como edil, pese a haber comunicado que se apartaba del proyecto.

El origen del vínculo se remonta a 2013, cuando recibió un poder amplio para gestionar habilitaciones y trámites del loteo ante organismos oficiales. Sin embargo, entre diciembre de 2019 y abril de 2021, ya como concejal, participó de decisiones relativas al emprendimiento, generando un evidente conflicto de intereses.

La fiscal Fabiana Bertero sostuvo que Bertoglio actuó simultáneamente como funcionario y como representante del loteo, orientando sus intervenciones para favorecer un negocio inmobiliario en el que mantenía intereses directos. En ese período, además, la situación ya era conocida en Sunchales y generó planteos dentro del Concejo Municipal.

Pese a la causa abierta desde 2021, Bertoglio completó la mayor parte de su mandato como concejal y más tarde fue incorporado al gobierno de Maximiliano Pullaro como Asistente Técnico en Ordenamiento Territorial, un área vinculada justamente al uso del suelo y la aprobación de loteos.

La condena llega ahora con un mensaje contundente: quien utilice un cargo público para intervenir en asuntos donde posee intereses particulares no podrá volver a integrar la administración estatal. El caso también reabre el debate sobre los mecanismos de control interno y los criterios de designación dentro del Ejecutivo provincial.

La sentencia marca un precedente jurídico importante, mientras continúa la discusión política sobre cómo se evaluó y permitió el ingreso de Bertoglio a la estructura provincial pese a las advertencias que existían sobre su situación.

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