Escándalo en el Gobierno: echaron a 60 funcionarios por sospechas de filtraciones en el juicio por YPF
La Procuración del Tesoro fue sacudida por despidos masivos en medio del juicio por la expropiación de YPF. Se teme que bufetes extranjeros hayan accedido a información confidencial del Estado.
El Gobierno nacional despidió a más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro de la Nación, en el marco de un proceso de reestructuración que dejó al descubierto sospechas de filtraciones hacia estudios jurídicos internacionales que litigan contra la Argentina por la estatización de YPF. La medida fue ejecutada en medio del juicio multimillonario en Nueva York, donde el Estado argentino enfrenta una condena por USD 16.100 millones.
Según fuentes oficiales, las sospechas surgieron luego de que se detectaran posibles coincidencias entre la estrategia legal interna del país y las argumentaciones anticipadas por los abogados del fondo Burford, principal demandante en el litigio. La Procuración, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y encabezado por Santiago Castro Videla, fue el eje de los cambios y aún no se expresó formalmente sobre las presuntas filtraciones.
Entre las modificaciones más significativas figuran la reducción de seis a cuatro Direcciones Nacionales, la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, y una drástica baja en el personal operativo y jerárquico. Esta transformación forma parte de la política de "austeridad y eficiencia" impulsada por la gestión del presidente Javier Milei.
La tensión en Casa Rosada aumentó luego de que se conociera que Castro Videla es socio del constitucionalista Alberto Bianchi, quien participó como experto en favor de Burford durante el proceso en Estados Unidos. A pesar de los cuestionamientos, el funcionario se mantiene en su cargo, respaldado por Santiago Caputo, asesor clave del presidente.
En las últimas horas, la Argentina obtuvo un alivio judicial tras lograr que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York suspendiera de forma preventiva la entrega del 51% de las acciones de YPF, ordenada por la jueza Loretta Preska. La medida estará vigente hasta que se resuelva si se concede una suspensión definitiva, mientras avanza la apelación presentada por el país.
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