Nación dio de baja dos obras viales clave y crece la tensión con Santa Fe
El Gobierno nacional anuló los contratos para la reparación de las rutas 33 y 178, y desde la Provincia acusan “abandono total” en corredores vitales del sur santafesino.
La decisión del Gobierno nacional de dejar sin efecto los convenios para obras de mantenimiento en rutas nacionales que atraviesan el sur de Santa Fe generó un fuerte rechazo por parte del Ministerio de Obras Públicas provincial. Las obras afectadas incluyen el tramo crítico de la Ruta Nacional 33, entre Sancti Spíritu y Rosario, y la Ruta 178, entre Las Rosas y su empalme con la 33.
Las resoluciones oficiales publicadas el lunes confirmaron la baja de los contratos adjudicados a la UTE conformada por las firmas Edeca S.A. y Rava S.A., y señalaron que los plazos habían caducado, justificando así la decisión en una cláusula contractual. Desde el Gobierno santafesino, sin embargo, calificaron estos argumentos como “irrisorios” y denunciaron el uso de tecnicismos para frenar intervenciones urgentes.
Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas provincial, manifestó que esta anulación “desoye fallos judiciales” y “pone en riesgo la vida de miles de santafesinos” que circulan a diario por estas rutas. “Esto no es un cruce político, es una demanda ciudadana concreta”, expresó, subrayando que la provincia ya venía colaborando en tareas básicas como bacheo y corte de pastizales, ante la inacción nacional.
Además, el Gobierno provincial informó que más de 2.700 km de rutas nacionales que cruzan Santa Fe se encuentran paralizadas, incluyendo trazas como la 7, 8, 9, 11, 34, A007, A008 y A012. “Por estas rutas circula el 80 % de la producción nacional. Hoy no sabemos si vamos a llegar vivos a destino”, advirtieron desde el área técnica del ministerio.
Ante este panorama, desde Santa Fe reiteraron su propuesta: que Nación transfiera la administración de las rutas si no está dispuesta a invertir en ellas. “Tenemos capacidad técnica, política y administrativa para mantenerlas”, aseguraron.
La falta de respuestas desde la administración nacional fue interpretada como un silenciamiento del reclamo, que cada vez toma mayor volumen entre intendentes, jefes comunales y vecinos del sur provincial.
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