Nuevo fallo judicial obliga al Gobierno Nacional a reparar rutas federales en Santa Fe

Por tercera vez en lo que va del año, la Justicia Federal ordenó al Estado Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), intervenir de forma inmediata en rutas federales que atraviesan la provincia de Santa Fe. Los fallos se fundan en el deterioro estructural de tramos clave y en la necesidad de preservar derechos constitucionales como la seguridad vial y la libre circulación.

El último dictamen fue firmado por el juez federal Aldo Mario Alurralde, subrogante del Juzgado Federal N.º 2 de Santa Fe, en respuesta a un amparo presentado por el diputado provincial José Corral. La medida cautelar obliga a la DNV a realizar tareas urgentes en 110 kilómetros de la Ruta Nacional N.º 11 y en la Ruta A-007, entre las ciudades de Santa Fe y San Justo.

Las acciones exigidas incluyen señalización preventiva en 3 días, bacheo y limpieza en 5 días, reparaciones mínimas en 3 meses, restricciones al tránsito en zonas críticas, y la implementación de campañas informativas sobre riesgos. Además, se deberá identificar a los responsables de ejecutar las tareas, bajo apercibimiento legal.

Este fallo se suma a otras decisiones judiciales previas. En marzo, el mismo juez Alurralde había dado lugar a una acción impulsada por el diputado Dionisio Scarpín por el mal estado de 266 km de la RN 11 en el norte provincial. En simultáneo, el juez federal Aurelio Cuello Murúa, desde Venado Tuerto, ordenó reparaciones urgentes en las rutas 7, 8 y 33, tras una presentación de la senadora Leticia Di Gregorio por la situación en el departamento General López.

Estos casos reflejan una problemática extendida: la falta de mantenimiento en arterias clave para la producción, el turismo y la vida cotidiana de miles de santafesinos. En su presentación, Corral enumeró baches profundos, pavimento agrietado, banquinas erosionadas, señalización deficiente y luminarias apagadas, elementos que han contribuido a numerosos siniestros viales con consecuencias graves.

 

Mientras tanto, el Gobierno Nacional avanza en audiencias públicas para concesionar rutas en distintas regiones del país. Sin embargo, el tramo de la RN 11 incluido en este amparo no figura en el plan de intervención actual, según se desprende de la Resolución 827/2025 de la propia DNV.

Finalmente, la Justicia rechazó un intento de Vialidad Nacional de desviar responsabilidades hacia el ente vial provincial y la empresa contratista COEMYC SA, sosteniendo que la obligación de garantizar la seguridad en rutas federales recae exclusivamente en el Estado Nacional.