Fentanilo contaminado: la Justicia define imputaciones tras 53 muertes y revela fallas graves en laboratorios vinculados al kirchnerismo

El juez Kreplak evalúa documentos clave de ANMAT para avanzar en las responsabilidades penales. Los lotes defectuosos de fentanilo ya provocaron 53 fallecimientos.

En el marco de una investigación federal que sacude al sistema sanitario y político argentino, el juez Ernesto Kreplak se encuentra analizando una serie de expedientes críticos enviados por la ANMAT, en relación a la elaboración y distribución de lotes contaminados del medicamento “Fentanilo HLB 0,05 mg/ml por 5 ml”. Hasta el momento, se registraron 53 muertes en hospitales públicos y privados, producto del uso de estas partidas defectuosas.

El proceso involucra a las firmas HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., junto con la droguería Alfarma S.R.L., todas vinculadas entre sí y bajo sospechas de múltiples irregularidades. Las autoridades sanitarias documentaron graves deficiencias en los controles de calidad, condiciones de elaboración y trazabilidad del producto.

Entre los puntos más alarmantes se encuentra una auditoría de ANMAT de 2021, que ya advertía sobre impurezas en el agua utilizada, fórmulas no autorizadas y registros incompletos. A pesar de estas observaciones, las firmas continuaron operando. La investigación también revela una estructura societaria familiar en la empresa HLB Pharma, encabezada por Ariel García Furfaro, quien años atrás participó de negociaciones con Rusia por la distribución de la vacuna Sputnik V junto al entonces presidente Alberto Fernández.

En los últimos meses, la ANMAT inhabilitó preventivamente tanto a los laboratorios como a la droguería involucrada, suspendiendo su habilitación tras detectar múltiples incumplimientos a las Buenas Prácticas de Fabricación y Distribución.

El Juzgado de Kreplak está a la espera de informes de peritos del Cuerpo Médico Forense y de completar el análisis de más de 150 expedientes técnicos. Se prevé que en los próximos días se avance con las imputaciones penales sobre los responsables técnicos, socios y directivos de las empresas.

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