El Gobierno pidió suspender el fallo por YPF y no negociará con los demandantes

El Gobierno nacional solicitó este martes a la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la suspensión del fallo que obliga a la Argentina a pagar una indemnización por la expropiación de YPF. La medida cautelar –conocida como stay en la legislación estadounidense– busca evitar la ejecución inmediata de la sentencia mientras se desarrolla el proceso de apelación.

El Poder Ejecutivo, a través de la Procuración del Tesoro, anticipó que apelará formalmente en los próximos días y no aceptará iniciar negociaciones con el fondo Burford Capital, principal demandante, hasta que no haya una resolución definitiva. Desde Casa Rosada aseguran que cumplir el fallo tal como fue redactado es inviable y que significaría “un daño irreparable”, ya que implicaría la entrega de la mayoría accionaria de YPF, actualmente en manos del Estado.

Además, el Ejecutivo insiste en que el monto de USD 16.000 millones fijado por la jueza Preska no es definitivo. La estrategia legal se enfoca en reducir sustancialmente esa cifra, argumentando que existen elementos jurídicos para calcular una indemnización mucho menor, incluso “de algunos cientos de millones de dólares”. Cuestionan, entre otros aspectos, la fecha tomada para valuar las acciones y la conversión del fallo a dólares, pese a que el estatuto de YPF establece compensaciones en pesos.

La presentación oficial considera que hubo un exceso de jurisdicción por parte de la jueza y que el fallo representa un asunto de “gravedad institucional”. En caso de que Preska rechace la medida cautelar, el Gobierno recurrirá directamente a la Corte de Apelaciones. El objetivo principal es ganar tiempo hasta que finalice el proceso judicial en segunda instancia, que podría extenderse varios meses.

En paralelo, la estrategia también se apoya en argumentos constitucionales internos. Según el exministro Axel Kicillof, cualquier cesión de acciones de YPF debería pasar por el Congreso, lo que complica aún más una posible ejecución inmediata de la sentencia.

Mientras tanto, el caso continúa su curso por la vía judicial, centrado en si la Argentina debió extender al Grupo Petersen la misma oferta hecha a Repsol durante la expropiación de 2012, como estipula el estatuto de YPF. Preska consideró que no hacerlo constituyó una violación, dando lugar a la millonaria demanda.