Audiencia clave en la Corte por la deuda de Ansés: Santa Fe reclama $1,2 billones al Estado Nacional
Este miércoles 25 de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación será escenario de una audiencia de conciliación clave entre el gobierno de Santa Fe y el Estado Nacional, en el marco del reclamo por una deuda previsional que podría alcanzar los $1,2 billones.
La demanda impulsada por la provincia apunta a los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) debería transferir regularmente para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones santafesina, que nunca fue traspasada al sistema nacional. A cambio, Nación se comprometió a realizar aportes periódicos para compensar el desequilibrio, compromiso que —según Santa Fe— no se cumple desde hace años.
El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó la convocatoria judicial y destacó la importancia del encuentro: “Es el momento para que podamos esgrimir los argumentos que tiene la provincia, para que Nación nos empiece a pagar la deuda que tiene”. La disputa abarca tanto el monto acumulado por aportes omitidos como el flujo mensual interrumpido tras la firma del decreto 280/2024.
El reclamo, iniciado durante la gestión de Omar Perotti, fue sostenido y profundizado por la administración actual. El monto exigido por Santa Fe oscila entre los $800.000 millones y $1,2 billones, dependiendo del reconocimiento de intereses, aunque desde Casa Gris también remarcan la necesidad de recomponer el flujo regular de fondos eliminados por decisión del gobierno nacional.
El conflicto cobra más peso luego del reciente acuerdo entre Nación y Córdoba por una deuda similar, saldada parcialmente con pagos mensuales por un total de $60.000 millones. Sin embargo, funcionarios santafesinos remarcaron que el caso local es más complejo y representa una suma considerablemente superior.
En la antesala de la audiencia, fuentes oficiales provinciales aseguraron: “Tenemos la expectativa de una oferta de pago que garantice preservar los intereses de los habitantes de Santa Fe”. La resolución de esta disputa podría sentar un precedente significativo para el vínculo fiscal entre Nación y las provincias con cajas previsionales no transferidas.