Milei disolvió dos nuevos fondos fiduciarios y ya son 26 los liquidados

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, resolvió este miércoles la disolución de dos nuevos fondos fiduciarios: el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP y el Fideicomiso Individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras (PPP RARS). La decisión fue formalizada mediante el Decreto 415/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Con estas nuevas eliminaciones, ya suman 26 los fondos liquidados desde que comenzó la administración de Javier Milei, en el marco de un proceso de revisión y ajuste impulsado en marzo de 2024 para reestructurar el uso de recursos públicos y garantizar mayor control en su ejecución.

En el caso del fideicomiso vinculado al desarrollo de infraestructura vial, el informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) advirtió la falta de información sobre los tenedores de los Títulos de Pago por Inversión (TPI), lo que genera problemas para cumplir con la normativa de prevención del lavado de dinero. Estos títulos eran utilizados para pagar obras viales adjudicadas mediante el esquema de Participación Público-Privada (PPP), cuyos contratos fueron cancelados en 2020.

Según la cartera económica, el fondo había dejado de recibir aportes desde el sistema SISVIAL en 2021 y sus funciones se reducían a realizar pagos financieros semestrales, con un elevado costo de administración bancaria. La deuda pendiente asciende a 89 millones de dólares, pero los activos disponibles superan en un 40% ese monto, lo que permitió cubrir los compromisos antes de ordenar su cierre.

En cuanto al fondo destinado al subsidio de gas envasado, que financiaba el Programa Hogar para sectores vulnerables, la SIGEN detectó ausencia de indicadores de gestión, falta de documentación sobre transferencias y carencia de balances auditados, lo que motivó su cancelación.

El Gobierno aseguró que los programas orientados a usuarios de bajos recursos continuarán bajo la órbita de la Secretaría de Energía, con el objetivo de lograr una mejor administración de los recursos.

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que la medida responde a la necesidad de avanzar hacia “una gestión pública transparente, eficiente y orientada al bien común”, priorizando el uso racional de fondos estatales y el control sobre su aplicación.