ARCA ya no exigirá identificar compras por debajo de los $10 millones
La medida busca facilitar el nuevo blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno. Se oficializó este martes y ya rige desde el jueves.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanera (ARCA) oficializó este martes una medida clave en el marco del nuevo esquema de flexibilización tributaria: a partir del jueves, las compras por hasta 10 millones de pesos realizadas por consumidores finales ya no deberán ser informadas ni identificadas en las facturas. Así lo establece la Resolución General 5700/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular del organismo, Juan Alberto Pazo.
La norma representa un paso importante en el avance del plan de blanqueo de capitales por tiempo indeterminado que promueve el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, y que prescinde del tratamiento legislativo al no haberse emitido una ley específica.
Además, la resolución amplía el monto máximo de operaciones que pueden ser respaldadas con el uso del sistema de "Facturador", que ahora se eleva a 500 mil pesos.
En este nuevo esquema, las personas físicas podrán realizar compras, transferencias o acreditaciones por hasta 10 millones de pesos sin ser identificadas. Sólo en operaciones superiores a ese monto se solicitará CUIT, CUIL, CDI o DNI para residentes argentinos, y documentación equivalente para extranjeros.
Nuevos umbrales de control:
Transferencias o acreditaciones bancarias: desde $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas.
Extracciones en efectivo: desde $10 millones para ambos casos.
Saldos bancarios: desde $50 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas).
Plazos fijos: $100 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas).
Operaciones con billeteras virtuales: umbrales similares a los bancarios.
Tenencias en sociedades de bolsa: $100 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas).
Desde el Ejecutivo sostienen que este tipo de flexibilizaciones facilita el ingreso de fondos no declarados al sistema, aunque distintos sectores advierten que también puede generar riesgos de lavado de dinero o canalización de fondos ilegales, al eliminar controles clave sobre grandes transacciones.
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