El Gobierno recortará subsidios en luz y gas: 3,2 millones de hogares dejarán de recibir asistencia

El Gobierno nacional avanza en una profunda reformulación del esquema de subsidios energéticos que impactará directamente en las facturas de luz y gas de millones de hogares. Según datos oficiales del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), actualmente existen 9,5 millones de hogares que reciben algún tipo de asistencia tarifaria, lo que representa casi el 60% de los usuarios residenciales del país.

La medida, que se enmarca dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), busca recortar el gasto público y reorientar los subsidios hacia los sectores de menores ingresos. De esta manera, el nuevo esquema eliminará progresivamente el beneficio para alrededor de 3,2 millones de usuarios de clase media, quienes comenzarán a pagar la tarifa plena en los próximos meses.

Actualmente, los usuarios están clasificados en tres niveles:

Nivel 1 (altos ingresos): pagan la tarifa completa.
Nivel 2 (bajos ingresos): reciben subsidios importantes.
Nivel 3 (ingresos medios): acceden a descuentos menores y limitados por consumo.
La Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, será la encargada de implementar el nuevo régimen, que contempla una única categoría de beneficiarios: los considerados vulnerables. Sin embargo, el proceso será gradual y podría acelerarse si las metas fiscales así lo requieren.

Desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad aumentaron un 264% y las de gas un 622% en hogares del AMBA sin subsidios, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP UBA-Conicet. Estos incrementos se vieron acompañados por una reducción del 35% en el gasto total en subsidios durante 2024, y se proyecta que en 2025 ese gasto represente apenas el 0,7% del PBI, el nivel más bajo desde 2007.

En paralelo, el Gobierno busca avanzar hacia la liberalización del mercado eléctrico. A través de la Resolución 21/2025, se habilitó a las empresas a firmar contratos sin la intermediación de CAMMESA, la estatal que centralizó el sistema energético durante las últimas dos décadas. La intención es volver a un esquema de libre contratación similar al de los años noventa.

Además, la Secretaría de Energía avanza con la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que definirá nuevos aumentos en tres tramos y exigirá a las distribuidoras, especialmente Edesur y Edenor, mejoras en los niveles de prestación del servicio.

La reestructuración del sistema energético no solo impactará en el bolsillo de millones de argentinos, sino que también será clave para el cumplimiento de las metas fiscales y estructurales que el Gobierno asumió con el organismo internacional.