Tierra del Fuego: Un régimen industrial costoso que mantiene precios electrónicos elevados en Argentina

El régimen de promoción industrial que rige en Tierra del Fuego ha sido un pilar para la industria electrónica argentina, pero a un costo considerable para las cuentas públicas. Con más de medio siglo de vigencia, esta legislación ha mantenido su impacto a pesar de los cambios políticos y económicos en Argentina. Actualmente, el esquema representa un gasto fiscal superior a los USD 1.000 millones anuales, lo que equivale al 0,22% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, según el análisis del centro de estudios Fundar.

El régimen otorga exenciones impositivas a las empresas instaladas en la isla, como Newsan, Mirgor y BGH, favoreciendo la producción local de productos electrónicos, entre ellos celulares, televisores y electrodomésticos. Si bien el modelo fue diseñado originalmente para fomentar el desarrollo poblacional y económico de la región, con una población que creció de 13.500 habitantes en 1970 a 190.000 en 2022, sus efectos negativos sobre la competitividad y los precios no han pasado desapercibidos.

Uno de los aspectos más criticados del esquema es su impacto en los precios locales. Productos como teléfonos celulares y televisores son hasta un 60% más caros en Argentina que en otros países, como Chile o Estados Unidos, debido al sistema de beneficios impositivos que beneficia principalmente a las grandes empresas ensambladoras pero no fomenta el valor agregado local. Además, la exención del IVA y otros tributos genera un incentivo para la importación de insumos en lugar de la producción local, limitando la generación de valor agregado dentro de la provincia.

El debate sobre la sostenibilidad del régimen ha sido alimentado por voces políticas y económicas. El presidente Javier Milei se refirió al sistema como una "estafa hacia los argentinos de bien", mientras que economistas como Agustín Etchebarne de la Fundación Libertad y Progreso lo consideran un ejemplo de intervencionismo costoso e ineficiente que ha distorsionado el mercado y aumentado el costo de vida en el país.

En respuesta a estos cuestionamientos, el Gobierno ha mantenido el esquema, incluso ampliándolo hasta 2053 bajo la condición de una evaluación en 2038. Además, el modelo incluye un fondo fiduciario, el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, que busca financiar inversiones en infraestructuras y proyectos productivos a través de los tributos generados por las propias empresas.

A pesar de los esfuerzos por mejorar la competitividad de la región, el régimen sigue siendo objeto de controversia, especialmente por los altos costos que genera en productos esenciales para los consumidores argentinos. La discusión sobre la necesidad de una reforma integral del sistema tributario continúa siendo un tema pendiente para el Gobierno y los economistas del país.

El régimen de promoción industrial que rige en Tierra del Fuego ha sido un pilar para la industria electrónica argentina, pero a un costo considerable para las cuentas públicas. Con más de medio siglo de vigencia, esta legislación ha mantenido su impacto a pesar de los cambios políticos y económicos en Argentina. Actualmente, el esquema representa un gasto fiscal superior a los USD 1.000 millones anuales, lo que equivale al 0,22% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, según el análisis del centro de estudios Fundar.

El régimen otorga exenciones impositivas a las empresas instaladas en la isla, como Newsan, Mirgor y BGH, favoreciendo la producción local de productos electrónicos, entre ellos celulares, televisores y electrodomésticos. Si bien el modelo fue diseñado originalmente para fomentar el desarrollo poblacional y económico de la región, con una población que creció de 13.500 habitantes en 1970 a 190.000 en 2022, sus efectos negativos sobre la competitividad y los precios no han pasado desapercibidos.

Uno de los aspectos más criticados del esquema es su impacto en los precios locales. Productos como teléfonos celulares y televisores son hasta un 60% más caros en Argentina que en otros países, como Chile o Estados Unidos, debido al sistema de beneficios impositivos que beneficia principalmente a las grandes empresas ensambladoras pero no fomenta el valor agregado local. Además, la exención del IVA y otros tributos genera un incentivo para la importación de insumos en lugar de la producción local, limitando la generación de valor agregado dentro de la provincia.

El debate sobre la sostenibilidad del régimen ha sido alimentado por voces políticas y económicas. El presidente Javier Milei se refirió al sistema como una "estafa hacia los argentinos de bien", mientras que economistas como Agustín Etchebarne de la Fundación Libertad y Progreso lo consideran un ejemplo de intervencionismo costoso e ineficiente que ha distorsionado el mercado y aumentado el costo de vida en el país.

En respuesta a estos cuestionamientos, el Gobierno ha mantenido el esquema, incluso ampliándolo hasta 2053 bajo la condición de una evaluación en 2038. Además, el modelo incluye un fondo fiduciario, el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, que busca financiar inversiones en infraestructuras y proyectos productivos a través de los tributos generados por las propias empresas.

A pesar de los esfuerzos por mejorar la competitividad de la región, el régimen sigue siendo objeto de controversia, especialmente por los altos costos que genera en productos esenciales para los consumidores argentinos. La discusión sobre la necesidad de una reforma integral del sistema tributario continúa siendo un tema pendiente para el Gobierno y los economistas del país.