El Gobierno Nacional Autoriza a Santa Fe a Tomar Deuda en el Exterior para Financiar Obras Clave

El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 186, que habilita a siete provincias argentinas, entre ellas Santa Fe, a acceder a financiamiento externo por un total de 1715 millones de dólares. Esta medida permitirá a las provincias salir al mercado internacional con el objetivo de obtener recursos para financiar obras estratégicas en sus territorios. Además de la provincia de Santa Fe, las jurisdicciones que obtuvieron el aval son la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Salta, Chubut y Chaco.

Santa Fe, en particular, utilizará estos fondos para tres operaciones clave: la primera, por 400 millones de dólares, se destinará a la mejora de la infraestructura económica, productiva y social. La segunda operación contempla 125 millones de dólares para el desarrollo del acueducto biprovincial Santa Fe-Córdoba, mientras que la tercera busca obtener 30 millones de dólares para la implementación de un sistema de defensa contra inundaciones en la localidad de San Javier.

El decreto también incluye la habilitación de avales para el financiamiento de dos empresas públicas. Enarsa podrá acceder a 500 millones de dólares para la compra de gas licuado (GNL) que garantizará el suministro de gas durante el invierno, mientras que Invap, la empresa rionegrina de tecnología, podrá contar con una garantía de 100 millones de dólares para ejecutar proyectos de exportación en áreas clave como la nuclear, espacial y radares.

La aprobación de estos avales mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) responde a la urgencia de las provincias para aprovechar las condiciones favorables del mercado. El gobierno subraya que esta medida busca garantizar la ejecución de obras fundamentales y la prestación de servicios esenciales que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos argentinos.

En paralelo, el gobierno también realizó una adecuación presupuestaria para el refuerzo de recursos en áreas clave como educación, salud y seguridad, bajo el marco de la emergencia pública en distintas materias. De esta forma, se asegura una distribución más eficiente de los recursos disponibles, con el fin de cumplir con las obligaciones del Estado.