Decomisan bienes del delito y resarcen a víctimas con $33 millones en Santa Fe

El Gobierno de la provincia de Santa Fe continúa con su política de incautar bienes de organizaciones delictivas y destinar los fondos obtenidos a la sociedad. En esta ocasión, se entregaron más de $33 millones a ocho víctimas de estafas en la ciudad de Rosario, en el marco de un procedimiento judicial y administrativo coordinado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, explicó que estos montos fueron determinados mediante un juicio abreviado en la Justicia provincial y obtenidos gracias a la subasta de un vehículo incautado en la causa que afectó a las víctimas.

"Este mecanismo no solo permite compensar a quienes han sido perjudicados por el delito, sino que también refuerza la lucha contra el crimen organizado, debilitando sus estructuras financieras y devolviendo el dinero a la sociedad", sostuvo el funcionario.

Subastas: una herramienta contra el delito
Durante el 2024, la provincia llevó adelante dos subastas de bienes decomisados, logrando recaudar un total de $1.124 millones. La primera se realizó el 25 de abril en Rosario, generando $400 millones, mientras que la segunda, en septiembre en la ciudad de Santa Fe, obtuvo $724 millones.

Para el 15 de marzo de 2025, está prevista la tercera subasta bajo esta gestión, nuevamente en Rosario, con el objetivo de seguir destinando estos fondos a resarcimientos y programas sociales.

"Esta política de Estado ha permitido beneficiar no solo a víctimas del delito, sino también a diversas instituciones mediante donaciones de bienes obtenidos en estos procesos. Ya son 13 las personas compensadas y muchas las entidades que han recibido apoyo gracias a este esquema", agregó Figueroa Escauriza.

Sobre la Aprad
La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) es el organismo encargado de gestionar bienes incautados en causas judiciales. Entre los activos que administra se incluyen vehículos, insumos informáticos, celulares, joyas y otros objetos de valor.

Dependiendo de su utilidad, estos bienes pueden ser rematados, compactados o entregados a instituciones públicas y de beneficencia, como fuerzas de seguridad, hospitales o centros educativos.

Desde el gobierno provincial, se destaca que este esquema fortalece la política de seguridad y justicia, asegurando que el dinero obtenido de actividades ilícitas sea reinvertido en beneficio de la sociedad y no vuelva a manos del crimen organizado.