Exigen a Pullaro explicaciones por demoras en la protección de testigos tras triple crimen en Rosario

El brutal triple crimen perpetrado el pasado 9 de febrero en el barrio Villa Banana de Rosario continúa generando conmoción y controversia. Durante el ataque, sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra cinco personas, causando la muerte de tres de ellas: Damián Soplan (43), su pareja Eliana Deasis (36) y Fabián Alejandro Soplan (25). Dos jóvenes de 16 y 26 años resultaron heridos de gravedad.

En este contexto, la Cámara de Diputados de Santa Fe abordó la situación y, por iniciativa del legislador Carlos del Frade, solicitó al gobernador Maximiliano Pullaro un informe detallado sobre las demoras en la implementación del Programa Provincial de Protección de Testigos y Víctimas. La solicitud también exige explicaciones sobre la filtración de los domicilios de los sobrevivientes, quienes se encuentran bajo constantes amenazas.

Del Frade, representante del Frente Amplio por la Soberanía, señaló que solo una persona ha sido incorporada al programa de protección, mientras que varias familias se han visto obligadas a abandonar el barrio debido al hostigamiento. Además, destacó la necesidad de contratar un servicio fúnebre con custodia para garantizar la seguridad durante el sepelio de una de las víctimas.

El legislador subrayó la gravedad de la situación, vinculada a un presunto conflicto en un punto de venta de drogas en la zona oeste de la ciudad. En este contexto, se mencionó a la banda liderada por Dalmacio “el Sapo” Saravia, señalada por sus vínculos con organizaciones criminales internacionales como el Primer Comando Capital de San Pablo.

Por su parte, la organización social “Causa”, que opera en la zona desde hace décadas, ha liderado las gestiones para garantizar el traslado, alojamiento, atención médica y contención psicológica de los amenazados. No obstante, Del Frade insistió en la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad y trabaje en conjunto con la comunidad para enfrentar la crisis de seguridad.

Finalmente, el legislador solicitó la creación de una mesa de trabajo urgente y ejecutiva, con presupuesto asignado, que permita tomar decisiones rápidas y efectivas. Además, exigió una investigación para esclarecer la filtración de los domicilios de los sobrevivientes y garantizar su protección inmediata.