Condenan a un psiquiatra y un instructor de tiro por su rol en el mercado negro de armas en Rosario

El mercado negro de armas en Rosario dio un giro este viernes con la condena de dos hombres que jugaban un papel fundamental en una red ilegal vinculada a la banda de Lucho Cantero. Mediante un juicio abreviado, el psiquiatra Marcelo Lemoine y el instructor de tiro Jorge Fedeli fueron sentenciados a tres años de prisión condicional, junto con la inhabilitación para ejercer sus roles profesionales por una década.

El juez Facundo Becerra homologó el acuerdo entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la defensa de los acusados. Ambos estaban implicados en una asociación ilícita dedicada a facilitar la emisión de credenciales de legítimo usuario (CLU) mediante procedimientos fraudulentos, utilizados para abastecer el mercado negro con armas legales desviadas.

La clave del fraude
Marcelo Lemoine, de 50 años, estaba registrado en el Sistema Abierto y Federal de Emisión de Certificados Psicofísicos (Siaf), encargado de emitir certificados exigidos por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). Según la Fiscalía, Lemoine firmaba aprobaciones de aptitud psicológica y clínica sin realizar las evaluaciones necesarias, facilitando así el acceso a armas a miembros de la banda del heredero de "Pájaro" Cantero.

Por su parte, Jorge Fedeli, instructor de tiro, emitía certificados de idoneidad en el manejo de armas de fuego sin exigir los conocimientos teóricos o prácticos requeridos. Entre las pruebas presentadas por el MPA, se demostró que Fedeli aprobó a postulantes que no acertaron ningún disparo en las pruebas de tiro.

Impacto de la investigación
La causa, que tomó relevancia tras los allanamientos de octubre de 2024, incluye a una docena de sospechosos y un rastreo de más de 200 armas desviadas al mercado negro. Una de las operaciones más reveladoras fue la compra de 35 pistolas 9 mm por parte de un acusado que gastó 28 millones de pesos en 15 meses, a pesar de tener ingresos mensuales mucho menores.

Con las inhabilitaciones, los condenados no podrán trabajar en armerías, polígonos o clubes de tiro durante la vigencia de la pena. Además, tienen prohibido el contacto con otros involucrados en la causa.

La red también incluía maniobras para borrar los números de serie de las armas, lo que dificultaba su rastreo. Estas eran revendidas a precios exorbitantes, mientras que los testaferros recibían una compensación económica, alimentando un sistema clandestino que prosperaba en el circuito criminal de Rosario.