Gobierno oficializa nuevo régimen de contrataciones en el sector público con foco en el ajuste estatal
El gobierno de Javier Milei oficializó este martes el nuevo régimen de contrataciones para el sector público, un paso más en su política de ajuste fiscal y reestructuración del Estado. Los Decretos 1148/2024 y 1149/2024, publicados hoy en el Boletín Oficial, establecen nuevas restricciones para la designación de personal en diversas áreas, con el objetivo de reducir la cantidad de empleados públicos y reforzar la eficiencia en el uso de los recursos.
Entre las principales medidas, se prohíbe la contratación de personal de cualquier naturaleza, aunque se prevén excepciones para sectores como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, universidades, el Servicio Exterior, Guardaparques y ciertos trabajadores de hospitales, entre otros. Además, se establecen limitaciones en la duración de los contratos, que no podrán exceder los seis meses.
Otro aspecto clave de la reforma es la exigencia de que todo trabajador del sector público debe aprobar una Evaluación General de Conocimientos y Competencias. Quienes no aprueben este examen no podrán ser contratados durante el ejercicio 2025, ni en períodos que superen el 31 de marzo del próximo año.
El decreto también introduce un sistema que permite a cada jurisdicción realizar una contratación por cada tres bajas de personal, independientemente de la causa de estas. Las solicitudes de designación deberán ser validadas por la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, que supervisará todo el proceso.
Además, el gobierno anunció que las empresas y organizaciones con participación mayoritaria del Estado deberán implementar medidas similares en sus procesos de contratación, alineándose con los nuevos estándares establecidos para el sector público.
Este nuevo régimen responde a la política de ajuste implementada por la gestión de Milei, con el objetivo de reducir los costos operativos del Estado y mejorar la eficiencia en la administración pública. Sin embargo, la medida ha sido criticada por sectores sindicales y sociales, que advierten sobre sus posibles efectos en la calidad de los servicios públicos y en las condiciones laborales de los empleados.