Alberto Fernández enfrentará audiencia clave tras ser acusado de violencia de género
El expresidente Alberto Fernández deberá comparecer en los tribunales de Comodoro Py el próximo 26 de diciembre para defender su pedido de apartar al juez federal Julián Ercolini del caso en el que está acusado de violencia de género contra su expareja Fabiola Yañez. La Cámara Federal de Apelaciones convocó a una audiencia para resolver el planteo de recusación, lo que ha retrasado la indagatoria inicialmente programada para diciembre.
El caso, que incluye denuncias de lesiones leves y graves, así como amenazas coactivas, ha escalado debido a la negativa de Fernández a ser interrogado bajo la supervisión de Ercolini. Según la defensa, el juez no garantiza imparcialidad ni ha protegido adecuadamente a la presunta víctima.
Una audiencia con impacto procesal
El juez Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal, programó la audiencia para un período poco habitual, en medio de las celebraciones de fin de año. La resolución permitirá escuchar los argumentos de Fernández y evaluar si Ercolini puede continuar al frente de la investigación.
Mientras tanto, la indagatoria del expresidente sigue en suspenso. Si la recusación es rechazada, Ercolini retomará el caso, y Fernández deberá enfrentar nuevas fechas judiciales a principios de 2025.
Detalles de la denuncia
La causa detalla hechos de violencia psicológica y física ocurridos desde 2016 hasta agosto de 2024, cuando Yañez formalizó la denuncia. Según el expediente, los incidentes incluyeron desde hostigamientos hasta agresiones físicas durante su convivencia en la Quinta de Olivos.
En paralelo, Fernández enfrenta otra causa en manos del mismo juez relacionada con irregularidades en contratos de seguros durante su gestión presidencial. Este antecedente ha sido utilizado por su defensa como argumento adicional para cuestionar la imparcialidad de Ercolini.
Próximos pasos
La resolución sobre el futuro procesal de Fernández está en manos de la Cámara Federal. Una eventual condena podría significar hasta 15 años de prisión. Por ahora, las audiencias y recusaciones han dado al expresidente tiempo para reorganizar su estrategia legal.