La tragedia aérea de San Fernando pone bajo la lupa a la ANAC: posibles irregularidades en el accionar oficial

El fatal accidente aéreo ocurrido en San Fernando, donde un avión se despistó y chocó contra una vivienda, dejando como saldo la muerte de los pilotos Martín Fernández Loza (44) y Agustín Orforte (35), ha encendido las alarmas sobre posibles irregularidades dentro de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La investigación judicial está encabezada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en paralelo con las indagaciones de la Junta de Seguridad de Transporte (JST). Sin embargo, un dato clave genera controversia: el titular de la JST, Federico Suleta, anteriormente ocupó el cargo de jefe de Gabinete de la ANAC, lo que pone en tela de juicio la independencia de las investigaciones, según fuentes técnicas vinculadas al caso.

Otro punto crítico es el accionar de los bomberos del aeropuerto de San Fernando, que dependen de la ANAC. Las normas internacionales estipulan que deben responder a emergencias en un máximo de tres minutos. Testimonios y pericias preliminares sugieren que el equipo tardó más tiempo en llegar al lugar del siniestro, lo que podría derivar en responsabilidades penales. Además, se investiga si la espuma utilizada para sofocar el incendio cumplía con los estándares de eficacia requeridos.

En cuanto al avión, las hipótesis incluyen una posible falla en uno de los reversores, un mecanismo clave para frenar la aeronave. Asimismo, se están revisando las licencias de los pilotos y otros aspectos técnicos del vuelo.

Las cajas negras, esenciales para determinar las causas exactas del accidente, serán enviadas al extranjero para su análisis, dado que Argentina no cuenta con la tecnología para abrirlas.

Mientras tanto, vecinos de la zona han relatado que los pilotos sobrevivieron al impacto inicial y pidieron auxilio antes de que las llamas consumieran la aeronave, un dato que suma más interrogantes sobre la eficacia de la respuesta de emergencia.