Polémica por la disolución de fondos públicos: afectados los derechos de víctimas de trata
En un giro controvertido, el Ejecutivo eliminó el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y otros cuatro fideicomisos. Argumenta "fallas estructurales", pero promete mantener la ayuda mediante partidas presupuestarias.
A través del Decreto 1048/24, el Gobierno Nacional dispuso la disolución de cinco fondos fiduciarios públicos, destacándose entre ellos el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, una herramienta clave para la reparación económica a las personas afectadas por este delito. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, se justificó citando “múltiples falencias”, entre ellas incumplimientos en los pagos a las víctimas.
El Fondo, creado por ley en 2019, gestionaba bienes decomisados en causas judiciales relacionadas con trata y explotación sexual. Los recursos eran administrados por el Ministerio de Justicia en coordinación con BICE Fideicomisos S.A., pero el Ministerio de Economía señaló deficiencias graves en su operación. Según el informe oficial, el fiduciario incumplió plazos y pagos, afectando a las víctimas.
Otros fondos eliminados incluyen el FONDCE, enfocado en emprendimientos, y el PROINE, que buscaba fomentar la inversión en sectores estratégicos. La cartera económica sostuvo que estos instrumentos mostraron ineficiencias, falta de resultados y una desconexión con sus objetivos originales.
El Ejecutivo aseguró que, pese a la disolución, continuará apoyando a las víctimas de trata mediante recursos del presupuesto nacional, administrados directamente por el Ministerio de Justicia.
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