Descubren fraude millonario en ANSES: 203 embarazos falsos para cobrar asignaciones sociales
Una investigación liderada por ANSES reveló graves irregularidades en la tramitación de la Asignación por Embarazo en varias localidades del país, generando una pérdida de $165 millones para el Estado. La Justicia investiga una red de falsificación y cohecho.
En una reciente denuncia presentada por el Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se han identificado 203 casos de solicitudes fraudulentas para cobrar la Asignación por Embarazo en distintas localidades de Argentina, incluyendo La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno y Río Gallegos. La investigación liderada por el organismo dirigido por Mariano de los Heros reveló la existencia de un esquema que involucraba certificados médicos falsificados y documentación apócrifa, destinados a simular embarazos inexistentes y así cobrar los beneficios sociales.
Las irregularidades fueron descubiertas tras una serie de alertas en la Unidad de Atención Integral (UDAI) de González Catán, donde se hallaron formularios inconsistentes, con matrículas médicas inválidas y sellos apócrifos. En algunos casos, médicos denunciaron el uso indebido de sus firmas y certificados en hospitales donde ni siquiera prestaban servicio, revelando una presunta red organizada de defraudación.
Los funcionarios estimaron que el perjuicio económico asciende a $165 millones si se considera que todos los casos fraudulentos recibieron la totalidad de la asignación durante los nueve meses. Asimismo, se identificaron intermediarios que cobraban comisiones para facilitar estos trámites ilegítimos, en los que se presentaban certificados médicos con fechas de parto futuras y documentación de interrupciones de embarazo simuladas.
El Ministerio de Capital Humano y ANSES han tomado medidas inmediatas para fortalecer los controles internos, incluyendo la digitalización de los certificados médicos y el desarrollo de herramientas avanzadas de verificación documental. El caso se encuentra actualmente en manos de la Justicia, que busca desarticular la red de facilitadores y responsables intelectuales de este esquema de fraude.
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