El Gobierno Nacional se Prepara para una Multitudinaria Marcha Universitaria en Defensa del Financiamiento Educativo

El próximo miércoles, los sectores vinculados a las universidades nacionales se preparan para llevar a cabo una movilización masiva en respuesta al anunciado veto total de la ley que buscaba reforzar el financiamiento educativo. Esta manifestación, que se prevé multitudinaria, recuerda a la intensa movilización del 23 de abril, donde miles de personas se manifestaron en diversas ciudades, incluida Buenos Aires, para protestar contra los recortes presupuestarios implementados por el gobierno de Javier Milei.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a rectores de universidades públicas, así como el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina, han convocado a estudiantes, docentes y personal no docente a participar en la protesta. La movilización también contará con el apoyo de sectores políticos y sindicales de la oposición, que ven en esta marcha una oportunidad para expresar su descontento con la gestión actual.

Desde el oficialismo, se han realizado esfuerzos para minimizar el impacto de esta movilización. Carlos Torrendell, secretario de Educación, cuestionó la inscripción de estudiantes en universidades, sugiriendo que un 38% de los 600.000 alumnos no estarían inscritos en ninguna materia. Esta afirmación se enmarca en un intento por deslegitimar los reclamos de recomposición salarial ante la caída de ingresos que han experimentado los sectores universitarios, que reportan una disminución del 70% desde la asunción de Milei.

Además, el gobierno había ofrecido un aumento del 5,8% en los salarios universitarios, oferta que fue rechazada. En este contexto, la administración intenta suavizar las tensiones, prometiendo que “lentamente se tratará de volcar recursos hacia las universidades”. Sin embargo, muchos líderes universitarios se muestran escépticos. Ricardo Gelpi, rector de la UBA, expresó que aunque se han otorgado fondos para funcionamiento, aún no se han resuelto las cuestiones salariales, lo que mantiene en vilo a la comunidad educativa.

La ley de financiamiento universitario, que se encuentra bajo la amenaza de veto, proponía actualizar las partidas presupuestarias de acuerdo con el índice de inflación del INDEC, lo que representaría un gasto del 0,14% del PBI. Aunque el gobierno ha indicado que se tomará un plazo legal de diez días para vetar la ley, se anticipa que la decisión se comunicará antes de la marcha para evitar que se interprete como una provocación.

Con la movilización a la vista, el sector educativo se prepara para expresar su descontento y exigir una reconsideración de los recursos destinados a las universidades, en un contexto donde el acceso a la educación pública se ve amenazado.