El Ministerio Público (Fiscalía) de San Pablo pidió prisión preventiva del ex presidente en relación a un departamento que está a nombre de una constructora investigada por el caso de corrupción en Petrobras.

La denuncia, que fue presentada ayer, aunque recién hoy se agregó el pedido de prisión preventiva para Lula da Silva y otras cuatro personas, será analizada por la jueza Maria Priscilla Ernandes de San Pablo, en fecha aún no definida aunque se espera que en los próximos días se informe si rechaza o acepta alguna o todas las acusaciones del equipo de fiscales.

En la denuncia, los fiscales Cássio Conserino, José Carlos Blat y Fernando Araújo dijeron que es “imprescindible la prisión preventiva en razón de la conveniencia de la instrucción criminal” y por entender que el ex presidente podría "mover su red violenta de apoyo para evitar que el proceso que se inicia tenga su curso natural".

La Fiscalía negó hoy que haya una posible motivación política en la denuncia presentada contra Lula. "El Ministerio Público no trabaja con un calendario político. Nuestro calendario es judicial", afirmó el fiscal Blat durante una rueda de prensa.

Los tres fiscales que firman la denuncia sospechan que Lula y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, son los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres pisos en la localidad Guarujá, en el litoral de San Pablo, lo que el ex presidente ha negado en reiteradas ocasiones.

Los fiscales precisaron que la investigación de la Fiscalía de San Pablo es independiente de la llevada a cabo por la Justicia del estado de Paraná, de la que también es blanco Lula y que se centra en los asuntos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Según explicó el fiscal Cassio Conserino, la denuncia contra Lula se enmarca en una investigación iniciada hace "cinco o seis años" para esclarecer delitos cometidos por la cooperativa inmobiliaria Bancoop, cuando esta traspasó sus obras a la constructora OAS, salpicada por el caso de corrupción en Petrobras.

La Fiscalía paulista cree que Lula es el real propietario del apartamento en la playa en Guarujá, el cual está registrado en nombre de la constructora OAS, lo cual supondría que incurrió en un delito de lavado de dinero vía la ocultación de su patrimonio, que contempla penas de entre 3 y 10 años de prisión, y en otro de falsedad ideológica.

El viernes pasado Lula fue conducido de forma coercitiva a declarar en una comisaría de San Pablo lo que generó enfrentamientos entre simpatizantes y detractores del ex jefe de Estado y aumentó la fragmentación política en el país.

El Ministerio Público señaló que cuenta con indicios "bastante significativos" de que el ex presidente recibió beneficios y favores de las empresas implicadas en los desvíos de recursos de Petrobras, pero Lula lo niega e insiste en que se trata de una "persecución política".
El Instituto Lula rechazó la denuncia del Ministerio Público y dijo que "no tiene base en la realidad". "El ex presidente no puede ocultar un patrimonio que no es de él", señaló la ONG de Lula, que la semana pasada fue allanada por la Policía Federal.

Por otro lado, hoy miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que integra la coalición gobernante y lidera el vicepresidente Michel Temer, se reunieron con la oposición a días de que esa formación defina su postura frente a la crisis política que enfrenta Brasil.

"No podemos seguir paralizados viendo como el país se derrite", declaró el senador Eunício Oliveira, jefe del PMDB en la Cámara Alta, tras reunirse con legisladores del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la mayor fuerza de la oposición y que exige la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

Según Oliveira, en ese encuentro, fueron discutidos "todos los escenarios actuales", entre los que citó un eventual juicio político a Rousseff, las sospechas sobre irregularidades financieras en la campaña que llevó a su reelección en 2014 y hasta "su posible permanencia" en el poder.

La reunión se llevó a cabo antes de una convención nacional que el PSDB celebrará el próximo sábado, en la que el ala disidente de esa formación adelantó que pretende exigir que el partido rompa con el Gobierno o que adopte una posición de independiente, citó la agencia EFE.

En este marco, el juez federal Sergio Moro, a cargo de la causa Petrobras, denunció una campaña de "ataques" y recomendó que no haya violencia en las protestas del próximo domingo de apoyo a un eventual juicio político contra Rousseff.

El magistrado ofreció una conferencia en el estado de Paraná en la que negó las versiones que lo vinculan al opositor PSDB y a cualquier otra agrupación partidaria. "Mis motivaciones no son partidarias, no tengo ninguna relación (con partidos), cero, cero, cero con partidos o personas ligadas a partidos", enfatizó el magistrado, citó la Agencia ANSA.

El panorama político espera también al fin de semana cuando no sólo defina el PMDB su postura en la coyuntura política sino cuando se realice la protesta en favor del juicio político a la mandataria. En respuesta a esa manifestación, el PT convocó la marcha Brasil Frente Popular, para el próximo viernes 18 y el próximo jueves 31 de marzo.

- Télam