Con autorización judicial, este viernes por la mañana, el Gobierno de la Provincia derribó otros dos puestos de venta de estupefacientes en la ciudad de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico. 
En uno de los operativos, encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, tuvo lugar en calle Anchorena al 1500 de barrio Tablada, donde estaba instalado el primer espacio de venta de drogas que se dispuso derribar. Las tareas estuvieron vinculadas a una resolución judicial dictada esta semana, que autorizó la demolición de siete inmuebles en total relacionados a la banda investigada por los homicidios de cuatro trabajadores en marzo pasado.
Acompañado en el lugar por los fiscales Patricio Saldutti, Franco Carbone y Adrián Spelta, el ministro Cococcioni informó que “se inició una tanda de inactivaciones coercitivas de puntos de venta de estupefacientes. Van a ser un total de siete lugares, algunos de ellos contiguos y otros en algunos puntos de la cercanía, pertenecientes todos o vinculados a la actividad ilícita de un grupo de personas, vinculados no solo al tráfico de estupefacientes, sino a algunos de los homicidios de alta connotación social que han tenido lugar hace casi dos meses”.
Asimismo, Cococcioni manifestó que “se consiguieron las órdenes judiciales de demolición e inactivación y con la supervisión de los fiscales que vinieron a cumplimentar la medida en persona, y procederemos a inactivar físicamente mayormente mediante el derribo” y agregó que “los siete búnkeres estarían vinculados a la banda en la que participa o lidera el grupo del delincuente conocido como Chucky Monedita”. 

Normativa inédita en la provincia

Por su parte, el fiscal Saldutti, destacó que “este lugar en particular, en relación a los hechos que se ventilaron en audiencia la semana pasada, era un lugar donde se reunían los distintos miembros del grupo que cometió varios de los hechos y en particular fue donde estaban reunidos antes de dirigirse a cometer el hecho del primer taxista asesinado, el del 5 de marzo” y resaltó que “por todas las causas están detenidos los autores materiales y el grupo de instigadores y particularmente en este lugar se diligenciaron allanamientos donde fueron aprendidas algunas de estas personas”. 
Finalmente, el fiscal Carbone aseguró que “los vecinos celebran este tipo de medidas, además del impacto real que tiene en el barrio para las personas que sufren la presencia de los narcos. Lo que es novedoso es el derribo de la instalación por esta normativa inédita en la provincia. Ahora estamos acompañados por esta normativa y por el Poder Ejecutivo provincial que nos agiliza estas cuestiones para poder solucionar de alguna manera, la vida a las personas que viven acá”.