En una medida inusual, el Gobierno argentino anunció que las empresas de medicina prepagas que agrupan al 75% de los afiliados se verán obligadas a dar marcha atrás con los aumentos y a recalibrar las cuotas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta disposición, que estará vigente por seis meses, busca contrarrestar la especulación y proteger a la clase media, que ha sido la más afectada por estos incrementos desmedidos.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, destacó que esta medida marca el fin de una era de prácticas abusivas en el sector y subrayó el compromiso del Gobierno de Javier Milei en proteger los intereses de los ciudadanos. Aunque las empresas del rubro han mostrado resistencia, la Superintendencia de Salud ha presentado una medida cautelar para respaldar la intervención del Estado.

Por su parte, Claudio Belocopitt, representante de Swiss Medical, rechazó las acusaciones y denunció una campaña de desprestigio por parte del Gobierno. Sin embargo, la medida sigue adelante con el objetivo de garantizar la competencia justa y la accesibilidad a los servicios de salud para todos los argentinos.