Judiciales Por: GASTON PAROLA 15 de marzo de 2024

Nuevo sistema acusatorio en Rosario otorga poder absoluto a fiscales en casos de narcotráfico

El gobierno nacional ha dado luz verde para la implementación del sistema acusatorio en el fuero federal de Rosario, otorgando a los fiscales un control total en la investigación de delitos como el narcotráfico, en un esfuerzo por combatir eficazmente la criminalidad compleja en la región.

El Ministerio de Justicia de la Nación ha anunciado la adopción del sistema acusatorio en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario, marcando un cambio significativo en la manera en que se enjuician los delitos, especialmente aquellos relacionados con el narcotráfico. Este nuevo modelo se basa en la celebración de audiencias públicas y confiere a los fiscales la autoridad exclusiva para investigar los ilícitos de competencia federal, centrándose principalmente en el narcotráfico, un problema persistente en la región.

El objetivo principal de esta medida es fortalecer la persecución de delitos graves como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos, considerados problemas urgentes que requieren una acción decidida por parte del Estado. Según estadísticas oficiales, cerca del 70% de los 500 homicidios registrados entre 2022 y 2023 en Rosario y su área metropolitana están vinculados a delitos federales, resaltando la necesidad de abordar eficazmente estas cuestiones.

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Si bien el Código Acusatorio fue aprobado durante la gestión anterior, su implementación completa se había detenido en el pasado, pero con esta decisión del gobierno actual, se espera que se acelere su aplicación en Rosario. El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial confirma la voluntad del gobierno de avanzar en este sentido, otorgando al Ministerio de Justicia la responsabilidad de llevar a cabo esta importante reforma.

Con la implementación del Código en Rosario, se espera promover principios fundamentales como la oralidad, la publicidad, la contradicción y la celeridad en el tratamiento de las causas penales por delitos complejos, lo que representa un paso significativo hacia una justicia más eficiente y transparente en la región.

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