El Gobierno argentino ha iniciado un contundente recorte en la estructura jerárquica del PAMI, eliminando un total de 30 gerencias y cargos políticos que ostentaban sueldos de hasta $3 millones. Esta medida ha generado controversia, especialmente por las declaraciones que sugieren que la mayoría de los afectados pertenecían a La Cámpora, el grupo político liderado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La administración actual, encabezada por el presidente Javier Milei, ha defendido estas acciones como parte de un esfuerzo por optimizar los recursos del organismo y acabar con la corrupción. Esteban Leguizamo, director ejecutivo del PAMI, ha sido el responsable de poner en marcha estas medidas, que implican un ajuste significativo en la distribución de cargos y salarios dentro de la institución.

La reestructuración administrativa también se ha traducido en un refuerzo en el control de la asistencia del personal, con la instalación de lectores de huellas para garantizar la presencia en los lugares de trabajo. Se espera que, una vez completada la reorganización, el número de cargos directivos se reduzca considerablemente, pasando de 120 a no más de 80, con sueldos más acordes a la realidad económica del país.