Según un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el poder adquisitivo de los jubilados en Argentina ha alcanzado niveles preocupantes, ubicándose en su punto más bajo desde la crisis económica del 2001. Este desalentador panorama se ve reflejado en la jubilación mínima que, en febrero, registrará un valor real inferior al de aquel período crítico, según revela el estudio.

El ajuste implementado por el Gobierno nacional ha desencadenado una serie de consecuencias, entre las que se destaca el superávit financiero del 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) en el primer mes del año. Sin embargo, este logro ha venido acompañado de un costo significativo para los adultos mayores, quienes han soportado los mayores esfuerzos de dicho ajuste.

El análisis, basado en datos proporcionados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), indica que el retroceso en los gastos, particularmente en las prestaciones sociales, ha sido el factor determinante para este superávit. En enero, la Administración Nacional experimentó un superávit financiero que supera en un 77,2% al del mismo mes del año anterior, según informa la OPC.

Los ingresos totales se han contraído en un 1,3% en comparación interanual, principalmente debido a la disminución de los recursos provenientes de la Seguridad Social y del Impuesto a las Ganancias, aunque parcialmente compensados por aumentos en otros rubros fiscales.

Es fundamental destacar que los gastos totales de la Administración Nacional han registrado una significativa caída real del 11,9% en el último año, con recortes aún más pronunciados en los gastos primarios.

Los rubros que más han contribuido a esta reducción de gastos son las jubilaciones y pensiones, los programas sociales y los gastos en personal. Es importante mencionar que en el caso de los programas sociales, la ausencia de registro de algunos programas ha influido en esta reducción.

El informe de IDESA ha puesto de manifiesto la preocupante evolución del haber mínimo de jubilación, que ha sufrido un constante deterioro en su poder adquisitivo. Si bien en 2002 este valor ascendía a $83.078 ajustados por inflación, en diciembre de 2023 se situó en $105.713, y con una inflación estimada del 20% en enero de 2024, habría descendido aún más, equivaliendo a $88.094 a precios de diciembre de 2023.

En este contexto, IDESA ha concluido que si bien el Gobierno ha implementado medidas de ajuste, carece de la pericia política y técnica necesaria para llevar a cabo reformas de manera efectiva. La experiencia pasada demuestra que los ajustes que afectan las jubilaciones conducen a un deterioro de los esfuerzos tanto de la sociedad como del gobierno, advierte el informe.