El Gobierno está realizando ajustes en el sistema de aumento jubilatorio, buscando una solución transitoria hasta julio. La modificación, anunciada mediante un Decreto, ha generado controversia debido a que los aumentos por inflación no se aplicaron de manera regular a partir de abril, como se había previsto oficialmente, sino que se postergarán hasta julio, coincidiendo con la finalización de la fórmula actual. .

En términos prácticos, esto implica que en abril se otorgará un aumento del 13,2%, correspondiente a la inflación de febrero, junto con un extra del 12,5% para compensar parte de la inflación acumulada. Sin embargo, la incertidumbre persiste en torno al bono adicional de $70.000, cuya aplicación aún no ha sido confirmada para este sector.

Es evidente que esta medida no evitará que los jubilados sufran una pérdida significativa frente a la inflación acumulada desde diciembre. Se estima que, desde entonces hasta marzo, las jubilaciones se actualizarán en un porcentaje cercano al 50%, mientras que se pronostica que la inflación alcanzará el 90%.

La situación se agrava al considerar que la inflación de diciembre y enero no será tomada en cuenta en ningún cálculo, lo que profundizará la crisis de las jubilaciones. Según análisis realizados, entre 2016 y 2019 se registró una pérdida del 16% en el poder adquisitivo de los jubilados, y entre febrero de 2023 y 2024, con el bono, esta pérdida se amplió al 29%, con una caída significativa desde la asunción de Milei.

La implementación de la nueva fórmula también plantea interrogantes. Si bien se prevé que las jubilaciones se actualicen mensualmente por inflación, tomando como referencia el último dato informado por el INDEC dos meses atrás, su aplicación no será inmediata. En junio, por ejemplo, se aplicará la fórmula vigente de 2021, pero se otorgarán aumentos mensuales atados a la inflación de dos meses antes.

En conclusión, el aumento a jubilados se presenta como un desafío complejo, con ajustes en la fórmula de cálculo, incertidumbre sobre la aplicación de bonos adicionales y una preocupante pérdida acumulada del poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema previsional.